Migración a la carta para Cataluña para que el PSOE salve la acción del Gobierno de Pedro Sánchez gracias al apoyo de Junts. En Canarias, en cambio, la ciudadanía sigue en posición de ‘boxes’ (parada de la Fórmula 1) a la espera de que PSOE y PP acuerden el reparto solidario de menores, una demana que lleva en cola desde 2023.
La exigencia de Junts a que Cataluña tenga competencias en materia de inmigración se ha convertido en una realidad con el Gobierno y ambas partes han registrado en el Congreso una propuesta de Ley Orgánica de Delegación de competencias en materia de Inmigración.
Lo pactado incluye, entre otras exigencias, además de la presencia de Mossos en el control de las fronteras, junto a policías y guardias, que Cataluña gestione las devoluciones de extranjeros, cuando tengan prohibición de entrada.
Lo que se ha tomado como referencia es el modelo alemán de Baviera: en 2018, este estado federado lanzó su propia policía fronteriza, que completa la labor de la policía federal, recayendo en ésta última la gestión de los controles fronterizos y de las expulsiones de inmigrantes.
Una de las exigencias de Junts era que Cataluña tuviera la capacidad de expulsar inmigrantes. La idea que los Mossos desplazasen a la Dirección General de la Policía en todo el trámite administrativo. De principio a fin.
El pacto alcanzado entre el PSOE y Junts recoge que Cataluña gestionará las devoluciones de extranjeros, y se añade que será así cuando tengan prohibición de entrada. Pero la competencia queda en manos de esta autonomía.
Esta delegación de competencias da voz y decisión a Cataluña en materia de expulsión de extranjeros, una de las líneas rojas que Junts había trazado en la negociación. Según explican desde el PSOE, esta comunidad ejercerá la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos, incluida la resolución y ejecución.
Cataluña será quien determine (junto a sus empresas y sindicatos) los perfiles y el contingente de trabajadores y trabajadoras extranjeras. Asimismo, esta comunidad gestionará integralmente los Centros de Internamiento de Extranjeros.Ahora son establecimientos públicos de carácter no penitenciario, dependientes del Ministerio del Interior, destinados a la custodia preventiva y cautelar de extranjeros para garantizar su expulsión, devolución o regreso por las causas y en los términos previstos en la legislación de extranjería, y de los extranjeros que, habiéndoseles sustituido la pena privativa de libertad por la medida de expulsión, el juez o tribunal competente así lo acuerde en aplicación de lo dispuesto por el artículo 89.6 del Código Penal.
El 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y un 24% han nacido fuera de Cataluña. Estos datos expresan la trascendencia del fenómeno migratorio. La situación en Cataluña determina, de acuerdo con la voluntad de la sociedad catalana, la necesidad de asumir la gestión de dicho fenómeno por parte de la Generalitat», según Junts.
