Francia no aguanta más, o poco le falta. A pocos meses de las elecciones de 2027, el Gobierno de Macron se atrave, otra vez, con la posible congelación de las pensiones para contener el déficit público, uno de los más altos de la Unión Europea. París ya lo intentó a comienzos de año, pero la reforma de las prestaciones por jubilación quedaron en la mesa cuando se trató de retrasar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años.
Pero la presión del gasto creciente en pensiones es matemáticamente infalible o difícil de esquivar. Su coste amenaza a buena parte de los países desarrollados por el elevado peso que supone este desembolso sobre el presupuesto total.
En este contexto, Francia se asoma cada vez más a un escenario en el que serán necesarias medidas para eviar la sangría del déficit público, del que una parte importante proviene de esta partida de gasto y endeudamiento (pago de intereses).
El ministro galo de Economía y Finanzas, Roland Lescure (que se arriesga a ser destituido), abre la puerta a la congelación de las pensiones más altas el próximo año o, al menos, a una revalorización por debajo de la inflación, con el objetivo de acercarse al objetivo de déficit, del 3% para finales de 2029 -se espera que cierre el año en el 5% y en 2025 fue del 5,1%, el más elevado de la zona euro solo por detrás de Bélgica-.
Los expertos estiman que si sólo se revalorizaran en la mitad de la inflación (que era del 2,1 % en julio) las pensiones de los que cobran 3.000 euros brutos, eso únicamente permitiría recaudar 700 millones de euros, que pasarían a ser 1.500 millones si se aplicara a los que ganan más de 2.000 euros.
En Francia, un 25% de los votantes llamados a las urnas en las elecciones presidenciales de 2027 -se celebrarán el 18 de abril y el 2 de mayo- son pensionistas.
