El producto de laboratorio que los estrategas de Moncloa han diseñado para convertir la vivienda en el centro del debate público, amenaza con provocar un terremoto político y económico de incalculables consecuencias.
La convocatoria de un adelanto electoral (29N) sobre la fecha prevista por agotamiento de la legislatura (agosto) coincide con una fatiga institucional en la que a Pedro Sánchez ya no le quedan más recursos.
Hasta la Bolsa española se le puso en contra (el Ibex-35 perdió mil puntos en cuestión de días), por razones estructurales de la globalización, pero suficientes como para que bancos, empresas cotizadas, consultorías y fondos reclamen un giro so pena de promover cambios en las corrientes de opinión, los grupos de influencia y los altavoces mediáticos.
Lo conocido en las últimas jornadas en torno al derecho de inquilinos, propietarios y gestores para establecer una confluencia de obligaciones, se ha transmitido a través de un canal tan ruidoso que deja atrás otros episodios que demuestran el fracaso del Gobierno de Sánchez en dar confianza al mercado inmobiliario.
Por ejemplo, la liberalización de suelo, la transparencia en los activos de las entidades financieras que asumieron un elevado coste en la crisis de 2008 (se calculan unas 800.000 casas ociosas en el balance) o el oscurantismo del Estado con el banco malo de su propiedad (Sareb) cuando traspasó operaciones de ladrillo por valor de 30.000 millones de euros a fondos como KKR o Blackstone.
Ocultar estas maniobras dificulta la credibilidad, debilita la reputación y merma la convicción de los ciudadanos para entender qué está pasando. Privar a los votantes de la foto fija que rodea a la vivienda desde hace 18 años, es tan sorprendente como imputar a la oposición la culpa del empobrecimiento habitacional.
Sánchez y sus socios han tropezado una y otra vez con la vivienda (y con anterioridad Rajoy, Zapatero y Aznar), un negocio lleno de trabas burocráticas y fiscales y sinsabores que desalienta al empresariado. PSOE y PP han renunciado a convertirlo en un asunto de Estado por mantener una actitud acomodatacia en la regulación y las decisiones administrativas y políticas de los 8.000 ayuntamientos extendidos, como campos de amapolas, por toda España.
Pero los temblores sísmicos de Sánchez son muchos más. Sumido en una angustia emocional por la imputación de su esposa y el riesgo de que el PSOE sea acusado de financiación irregular, colocan al presidente en una pendiente con escasa capacidad para emerger cuando los problemas del país se han encasquillado en un retroceso del PIB (Canarias anticipa siempre lo que vendrá, con un crecimiento escaso del 2%), una inflación maquillada a la baja, una disfusión energética y, sobre todo, un contencioso de soberanía territorial en Ceuta con vetas envenenadas hacia Marruecos.
La vuelta a las urnas, en realidad, es determinante para brindar un cambio que dé estímulos al sistema. Sánchez deja de ser un actor principal ante la herencia espinosa que ofrece a los sucesores si ése es el deseo de los electores, pero España merece mucho más por la posición que ocupa en el mapa (la puerta norte de África con el control marítimo del Estrecho) y por el valor de su talento e historia.
En esa nueva configuración, Canarias sigue con una voz tenue que pasa desapercibida pese al empeño de Cristina Valido (CC) o la notoriedad casi diaria del ministro Ángel Víctor Torres. La estrategia de cirugía fina con el Estado suena ambigua y exenta de firmeza.
El Archipiélago canario representa el 4% de la riqueza nacional, que es el argumento por el que Moncloa mide el esfuerzo entre comunidades. Quizá, con el previsible cambio del Gobierno central, llegue un nuevo horizonte que elimine ese argumento claramente discriminatorio y arcaico.
Canarias sufre una realidad migratoria originada en una zona de conflicto rodeada por decenas de miles de milicianos yihadistas de Mali, Níger, Burkina Fasso, que opera como una plaga imparable. Pero nos hemos negado a admitirla y analizarla en público, renunciando a convertirla en un grito de auxilio ante Madrid y Bruselas.
Ese fenómeno empezó tras la expulsión de Al Qaeda en Afganistán y Pakistán, hace unos 15 años con la muerte de Bin Laden, y entró por Mauritania como una tromba.
No es un juego. Es una operación de calado que exige prevención y mucha intervención política y militar para evitar un día un disgusto irreversible, hasta tal punto que suena convincente como medida de reclamo electoral en el caso de unos comicios tempranos.
