El Tribunal Supremo español dictaminó este mes de julio, que los migrantes que llegan por mar a los dos enclaves españoles del norte de África —Ceuta y Melilla— o a Canarias, no pueden ser devueltos de forma sumaria o ser sometidos a expulsiones en caliente.
«Estamos en una situación de emergencia humanitaria y social total», aseguró el Gobierno ceutí.
Ante este pedido, el Ministerio del Interior informó del envío de efectivos para incrementar los controles.
«Las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil en el ejercicio de sus competencias y en cualesquiera otras que sean necesarias para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta», señaló en un comunicado.
Mientras, el líder del opositor Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pidió un «despliegue de medios masivo» y acusó al gobierno de Sánchez de haber dado una «versión desmentida por la realidad».
«La situación Ceuta está sufriendo una avalancha sin precedentes. Empezó el lunes y se sigue agravando. La versión gubernamental sobre una pronta solución está siendo desmentida por la realidad», dijo Feijóo en un comunicado.
