Bombazo en las alcantarillas políticas del PP en Madrid. Al filo de las 9 de la noche, el partido emitió un comunicado para negar la mayor, pero la duda y el daño son irreparables.
Al menos dos ex ministros de Mariano Rajoy (cuyos nombres aún no han trascendido) avisaron en diciembre de 2021, a Isabel Díaz Ayuso de que un grupo de detectives iba a investigar si cometió irregularidades en la compra de mascarillas por un contrato público de 1,5 millones de euros.
El proveedor de mascarillas se corresponde con una empresa de la que es representante el hermano de Ayuso. Y por ese vínculo familiar, la presidenta de la Comunidad madrileña pudo ser objeto de una operación de espionaje que nació, al parecer, en un chivatazo de la empresa municipal de vivienda.
Hasta el alcalde y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, está en el ajo porque pudo mediar con Ayuso para comunicarle que sería el partido el que trataría de comprobar su ejemplaridad. La presidenta autonómica, quien según El País bloqueó en su cuenta de Whatsapp al secretario general del partido, Teodoro García Egea, apenas le dio valor a los hechos hasta que este domingo, los resultados en Castilla y León precipitaron todas las filtraciones.
En el centro de la diana está, cómo no, Pablo Casado, al que se le agravan sus tribulaciones con la negativa a pactar con Vox, abocando así a la región castellana a un bloqueo político que derive en nuevas elecciones antes del verano.
Ayuso reclamó en verano de 2021 ser la presidenta del PP regional, pero Casado y Egea no la quieren ni en pintura.
Si se acredita que Génova (o sea la sede central que está más que gafada) ordenó el espionaje a Ayuso, el PP entraría en barrena.
