La delegada del Gobierno de España en Canarias, Elena Máñez, acusa al Gobierno regional de Fernando Clavijo de «esgrimir peligrosos agravios comparativos» en los acuerdos financieros con el Estado, según el el balance de gestión presentado este sábado, 29 de diciembre, que «evidencia que el Gobierno de España cumple con Canarias».
En estos 7 meses de gobierno, el presidente Pedro Sánchez, «ha demostrado su alto grado de compromiso con las islas, materializado en importantes cuantías recogidas en los distintos convenios que se han firmado con Canarias y que suponen inversiones determinantes para el Archipiélago«, informa la Delegación en un comunicado.
Además de una «frecuente presencia» en el territorio de representantes del Ejecutivo central, se han suscrito los convenios comprometidos en la Agenda Canaria, como el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 que destina 99,42 millones a las Islas, de los que el Ministerio de Fomento aportará 76,4 millones; el Convenio de Carreteras que supone 1.200 millones de euros, el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) con 42 millones de euros, Convenios para la Rehabilitación de Infraestructuras y Equipamientos Turísticos con más de 21 millones de euros, el Convenio de Infraestructuras Educativas con 42 millones o, los 47,5 millones para la subvención del transporte de viajeros, entre otros.
A pesar del «clima de crispación y la falta de cooperación institucional por parte del Gobierno de Canarias«, con aportación de datos que «no se ajustan a veracidad y manifestaciones que redundan en perjuicio para los canarios y canarias«, el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene «la hoja de ruta marcada«, buscando incluso «soluciones en aquellos convenios y acuerdos, que se habían atascado por falta de respuesta del gobierno canario«.
Es el caso del Plan de Lucha contra la Pobreza, por ejemplo, que estaba pendiente porque el Gobierno de Canarias no había justificado la subvención de 2017 y reintegrado lo no ejecutado.
“Las cifras son claras y no dejan lugar a dudas, en lo que al Gobierno de España se refiere. Resta comprobar si el Gobierno de Canarias es capaz de manifestar lo mismo y demostrar con datos reales y contrastables, su capacidad de gestión y el grado de ejecución de las partidas recibidas”, aseveraba la delegada.
“El gobierno que represento –continuaba Máñez- ha manifestado en todo momento su voluntad de cooperación entre instituciones, facilitando la interlocución directa y dando prioridad a los acuerdos establecidos, independientemente de que el legado recibido y sobre el que algunos de estos acuerdos se sustentaban, no se ajustara a lo que se aseguraban las partes implicadas en aquel momento. Hemos trabajado desde el primer minuto por corregir las disfunciones encontradas para garantizar que no se perdiera un solo euro destinado a Canarias”.
“Por lo que resulta una irresponsabilidad del Gobierno de Canarias, esgrimir peligrosos agravios comparativos y presentar supuestos incumplimientos que, no son tales”, prosiguió la delegada del Gobierno.
En la actualidad se sigue negociando y trabajando para que las partidas pendientes sean transferidas, tal y como se puso de manifiesto en la reunión que esta misma semana mantuvo la delegada del Gobierno con representantes de comunidades de regantes y se reitera al Gobierno regional y a los agentes afectados, la determinación del Ejecutivo central por dar trámite a las demandas recibidas.
La delegada expresó su sorpresa por la gestión del conflicto de carreteras, donde el Ejecutivo regional se negó a firmar el acuerdo extrajudicial pactado con el Gobierno central y cifrado en 500 millones de euros.
Clavijo reclamaba 900 millones de euros como correspondencia al pacto sellado con el Partido Popular durante el mandato de Rajoy, pero el Ministerio de Fomento solo recibió como inversiones certificadas por Canarias 420 millones de euros, a los que se añaden 80 millones más en concepto de intereses.
Según Máñez, Canarias «ha renunciado» a 500 millones adicionales sobre los 1.200 millones del nuevo convenio.
