El Estado, a través del Instituto Oficial de Crédito (ICO), es el principal avalista financiero de Holaluz, la comercializadora eléctrica sobre la que el Gobierno ha iniciado trámites para su inhabilitación comercial.
Holaluz ha sido uno de los grupos de comercializadores que surgieron con la liberalización eléctrica para competir con los grandes grupos: Iberdrola, Endesa y Naturgy. Su inhabilitación ahora la sume en una situación incierta.
La empresa ha sido suspendidad en Bolsa y cuenta con un pasivo de 50 millones de euros.
