Ibarra, presidente del Puerto de Las Palmas, está a un paso de querellarse contra ex altos cargos del ente público por las presuntas irregularidades en la construcción del dique de La Esfinge, en la capital grancanaria.
La Autoridad Portuaria trasladó este jueves al consejo de administración la última actuación del juez instructor Javier García Satoca, del juzgado Número 7 de Las Palmas, en el sumario que sigue contra José D.L. y Miguel A.L. por tres posibles delitos de malversación, falsedad documental y prevaricación.
Tanto José D.L. como Miguel A.L. ocupaban cargos de responsabilidad en el organigrama del Puerto durante el mandato de Javier Sánchez Simón, que concluyó en 2011; ambos figuran como investigados al haber ocupado, también, funciones de dirección en la obra que ejecutó la ute FCC, FSM y MM.
El juez instructor solicitó a la Intervención General del Estado un informe pericial sobre los certificados de La Esfinge, con el fin de determinar el alcance de la causa.
Este mismo informe fue solicitado hace 4 años por Luis Ibarra, pero la Intervención, articulada con Puertos del Estado, le negó la petición.
Puertos del Estado, presidido por José Llorca, del PP, mantiene desde hace 6 años fuertes discrepancias con Puertos de Las Palmas.
José Llorca fue consejero del Puerto de Las Palmas durante el proceso de construcción de La Esfinge.
Ahora, con el impulso que García Satoca le acaba de dar al proceso, Luis Ibarra insta a los abogados del Estado presentes en el consejo a que elaboren un informe acusatorio por el quebranto de 6 millones de euros que el proyecto de La Esfinge le ocasionará a las cuentas del Puerto.
En el relato expuesto al consejo de administración, Ibarra dio cuenta de varios episodios que arrastran al Puerto a un contencioso con FCC, la constructora que lidera la ute.
FCC, propiedad del mejicano Carlos Slim, reclama al Puerto de Las Palmas 4 millones de euros en concepto de intereses de demora por la prolongación de los trabajos.
A su vez, el Puerto exige a FCC un reintegro de 2 millones de euros después de que se le abonaran 24 millones de euros por el coste del proyecto.
Ibarra se mostró confiado en alcanzar un acuerdo extrajudicial, pero «sabemos que FCC lo tiene en manos de sus abogados«.
Las obras comenzaron en 2009 para construir un dique junto a las laderas de Roque Ceniciento, conocida como La Esfinge. La duración fue estipulada en 24 meses pero, «sin documento de autorización ninguno«, afirma Ibarra, «las obras continuaron 2 años más hasta 2011. Fue el primer envite con el que me encontré nada más asumir el cargo hace 6 años«, explicó durante la conferencia de prensa.
Cuando hubo que asumir el dique, los técnicos observaron imperfecciones que obligan a una reconstrucción parcial que costará 6 millones de euros, según el informe del Ministerio de Fomento (Cedex), Puertos del Estado y Puertos de Las Palmas. El pliego se licitará en uno o dos meses con el fin de dar más durabilidad al espigón.
Ibarra considera que los abogados del Estado determinarán la responsabilidad de los ex altos cargos y, con la aprobación del consejo en diciembre, se incorporará como acusación a la querella que instruye el Juzgado de Instrucción Número 7, interpuesta a título particular por el ex gerente de Sestiba, José Olivares en el año 2015.
Previamente a la querella, el Puerto puso en conocimiento de la Fiscalía de Las Palmas las presuntas irregularidades. El entonces fiscal-jefe, Guillermo García Panasco, tomó declaración a al menos 12 personas. Después lo trasladó al juzgado y Olivares optó por personarse como acusación, mientras que el Puerto se ha mantenido como parte afectada.
