El próximo día 29, todos los ciudadanos españoles con derecho a voto elegiremos las nuevas Cortes Generales, integradas por 350 diputados y 208 senadores electos.
Cabe recordar que los 58 senadores restantes, hasta completar los 266 que conforman la Cámara Alta, saldrán de la elección indirecta por parte de los
parlamentos autonómicos.
En el caso del Congreso, quienes vivimos en Canarias tendremos que elegir a 15 de los nuevos 350 diputados, de los que 8 corresponderán a la provincia de Las Palmas y
7 a la de Santa Cruz de Tenerife. Corresponderá a la mayoría que forme parte de esta cámara, hasta un total de 176 parlamentarios, la elección del presidente del Gobierno
y el impulso y control de las políticas a llevar a cabo en todo el Estado durante los próximos cuatro años.
Una vez presentadas las candidaturas, los líderes de cada una de las formaciones políticas en las Islas ya están haciendo públicos sus compromisos con los ciudadanos,
esbozados en cada uno de los programas electorales. La coincidencia generalizada ofrece un objetivo común: defender los intereses de Canarias en Madrid. Ese es el mensaje de los líderes de las candidaturas provinciales encabezadas por los socialistas Dolores Corujo y José Antonio Valbuena; los populares Sergio Ramos y Gustavo González; los discípulos de Abascal, Alberto Rodríguez y Alejandro Gómez; los que representan a la alianza electoral entre Primero Canarias y CC, Teodoro Sosa y Cristina Valido, o los de Unidad del Pueblo Canario, Luis Campos y María Soledad Collado.
No tengo ninguna dudad de que, efectivamente, ese es el sentimiento que acompaña a los candidatos a representarnos en el Parlamento español: defender los intereses
del Archipiélago en Madrid. La canariedad y el amor a la tierra de todos ellos no está en cuestión.
Pero otra cosa es el margen que les concede cualquier formación política de ámbito estatal para defender efectivamente el carácter diferencial y singular que tiene
Canarias dentro de sus proyectos nacionales. En mi opinión: muy escaso, tendiendo a nulo. Basta con fijarse en el exiguo espacio que les otorgan estas formaciones (PSOE,
PP o Vox) para defender la idiosincrasia de las Islas, a resultas del poco peso específico de la representación canaria en sus respectivas estructuras. Más aún. En el caso de los diputados socialistas o populares canarios, todos sabemos que sus respectivos grupos parlamentarios solo les conceden la oportunidad de intervenir en cuestiones intrascendentes para el Archipiélago, cuando no los utilizan de forma instrumental en debates polarizados o de confrontación directa entre ambas fuerzas políticas.
¿Cuántas veces hemos visto debatir a estos parlamentarios canarios sobre iniciativas de interés para las Islas? Desde luego, sobre todo si pertenecen al grupo que apoya al
Gobierno de turno, ninguna. Ante este panorama y dadas las singularidades que nos diferencian del continente, necesitamos que alguien las sitúe en el centro del debate en las Cortes Generales. El hecho diferencial de Canarias es tan contundente que si se tiene la oportunidad de defenderlo obliga a posicionarse a los partidos estatales.
El ejemplo más claro de todo esto lo ha venido encarnando la diputada nacionalista Cristina Valido. Durante la pasada legislatura, ha sido el altavoz capaz de mantener
permanentemente vivos los temas que afectan a nuestro Archipiélago en todo el Estado. Sin duda alguna.
