Por J.S. Mujica
Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas inicia las acciones penales del caso La Esfinge con la declaración de uno de los funcionarios del Ministerio de Fomento encargado de supervisar los trabajos de construcción del dique, con un coste de casi 50 millones de euros.
El juez Javier García Satoca llamará a declarar al primero de los testigos principales del caso en fechas venideras con el fin de esclarecer las fases de la obra y la supervisión del expediente administrativo que determinó un posible quebranto para las arcas públicas de 14 millones de euros.
En el caso está personada una acusación particular ejercida por J.O., ex directivo de un operador portuario.
La causa mantiene investigados, por ahora, a dos ex CEOs de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, J.L. y M.L.
El Ministerio Fiscal ya interrogó, como testigos, al presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra. La declaración se produjo hace unos 2 años en el despacho del fiscal Guillermo García Panasco en Las Palmas.
La Fiscalía observó indicios de delito relacionados con la gestión de fondos públicos y dio traslado al juez para su instrucción penal.
El funcionario de Fomento debería esclarecer los episodios relacionados con la dirección de obra para determinar quién autorizó el traslado de los cajones sumergidos en dique hundido del Muelle Deportivo, pese a que se trataba de una infraestructura ajena, que no contaba con autorización previa del principal financiador, la Unión Europea.
Ese transferencia de material provocó que Bruselas exigiera el reintegro de 11 millones de euros, ya que el Muelle Deportivo y La Esfinge son dos obras separadas que se tramitan de forma diferenciada a efectos presupuestarios.
El dique de La Esfinge, construido por la ute FCC, Matías Marrero y Félix Santiago, también sufrió alteraciones en la altura, que no pasaron la criba de Fomento.
Una vez subsanados los defectos, el Puerto se gastó 3,5 millones de euros adicionales en su reforzamiento.
En el momento de la tramitación del expediente de obra el delegado de FCC en Las Palmas era Juan Madrigal, hermano de la entonces fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal.
Las peticiones de testigos incorporadas a la causa incluyen, inicialmente, a presidentes de la Autoridad Portuaria como Emilio Mayoral, Javier Sánchez Simón y el propio Luis Ibarra. Tampoco se descarta, a ruego de la acusación particular, ampliar la lista al presidente del Puertos del Estado, José Llorca, por pertenecer al consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas durante el transcurso de las obras.
El Ministerio Público ha insistido en la necesidad de preservar, ante todo, la defensa del interés general en la custodia de los fondos públicos y para eso, según fuentes judiciales, «se hace necesario» entender por qué el consejo de administración del Puerto «no exigió una justificación o un parte oficial del retraso inexplicable que mostraban las obras del dique«.
El Juzgado Número 7 también instruye el fallecimiento de un trabajador durante los trabajos de La Esfinge. En este sumario hay encartadas 5 personas. Por tanto, una de ellas, M.L., está investigada en dos procedimientos a la vez por el mismo magistrado.
