El Tribunal Superior de Justicia de Canarias autoriza la concesión de 2021 otorgada a Red Eléctrica (hoy Redeia) para construir en Gran Canaria el Salto de Chira, una central de bombeo de 200 megavatios para las energías renovables en la isla, al garantizar su almacenamiento y continuidad.
En una sentencia hecha pública este lunes, aunque fechada en julio, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC desestima el recurso presentado por Turcón-Ecologistas en Acción contra la autorización y utilidad pública de esta central hidroléctrica, que aprovecha dos embalses ya existentes, las presas de Chira y Soria.
Tomando como percha legal esa autorización, los ecologistas impugnaban ante la Sala la declaración de impacto ambiental favorable a las obras, a las que achacaban múltiples deficiencias y reprochaban el no haber ponderado adecuadamente los valores naturales de la zona.
El Salto de Chira se diseñó como una gran pila para energías renovables, que permitirá almacenar toda la energía que generan los parques eólicos (incluyendo los futuros marítimos) y solares de la isla cuando no hay demanda, para volver a utilizarla en aquellos momentos en los que se necesite.
La Sala resalta que, pese a lo extenso del recurso de los ecologístas (203 páginas, más 51 documentos adjuntos), «se echa claramente en falta la aportación junto a la demanda de un informe técnico de carácter pericial en respaldo de las argumentaciones vertidas en dicho escrito», que compromete al Gobierno de Canarias a adoptar todas las políticas y medidas que sean necesarias para «resolver en primera instancia la actual situación de vulnerabilidad que presenta la generación eléctrica en Canarias, en aras a garantizar la seguridad del suministro eléctrico con los niveles necesarios de calidad».
«Pero también para propiciar una adecuada transición energética en condiciones de seguridad energética, promoviendo para ello el desarrollo de las energías renovables, la implantación de sistemas de almacenamiento y la ejecución de las infraestructuras de transporte y distribución planificadas», añade el TSJC.
