Incineradora de basura enfrenta a los ayuntamientos con el Cabildo de Gran Canaria.
Incineradora de basura sigue sin construirse en Juan Grande y en Salto del Negro 6 años después de ser adjudicado el concurso a Ferrovial y Pérez Moreno.
Bruselas baraja la posibilidad de presentar una denuncia si se confirman los peores pronósticos sobre los 2 vertederos de GC.
Bruselas ya dispone de varios informes sobre el retraso de las últimas fases de construcción de los 2 complejos ambientales que deben sustituir a ambos vertederos, de manera que la basura alcance su objetivo de optimización: el reciclaje.
Bruselas entiende que las demoras son imputables a la institución adjudicante del concurso, o sea el Cabildo de Gran Canaria, y a los consejeros de Medio Ambiente y el presidente, Antonio Morales, además de los técnicos encargados de supervisar el proyecto.
Bruselas actúa de oficio al tratarse de la institución pagadora de las subvenciones que debe recibir la ute (Ferrovial y Pérez Moreno) para levantar las 2 incineradoras.
Las incineradoras suponen la culminación del ciclo de reconversión de la basura.
Sin embargo, los 21 ayuntamientos de la isla descartan, a priori, ser receptores de estas plantas de reciclado por su riesgo para la salud y su condición contaminante.
San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana, Agüimes, Tejeda, Las Palmas de Gran Canaria y Telde son algunos de los municipios susceptibles de encajar las incineradoras, pero la negativa ya se da por consolidada, sobre todo, ante la proximidad de las elecciones autonómicas.
El Cabildo GC ha preferido aplazar el debate sobre las 2 plantas incineradoras pero en el último pleno mensual, el consejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Rodríguez, confirmó que los proyectos de las 2 incineradoras están en fase de autorización.
Al escucharlo, Antonio Morales lo contradijo en público al subrayar que la decisión sobre las incineradoras no está tomada.
Morales conoce la oposición de los ayuntamientos y quiere posponer la polémica hasta después de los comicios regionales.
Morales ha convertido la lucha ecológica en una de sus banderas electorales, pero la isla está sumida en un atasca de basuras.
Fernando Bañolas, de CC, confirmó a Espiral21 que los 2 vertederos han alcanzado el límite de su capacidad. «Las basuras se entierran y en 2019 estarán totalmente acolmatadas. Es muy preocupante«.
Miguel Montero, de Podemos, sostiene que el Cabildo incluyó las incineradoras en el Plan de Ordenación (PIO), de manera que «está obligado a autorizar los emplazamientos«.
El PP de Felipe Afonso lanzó una batería de preguntas al pleno que «no han sido contestadas de forma satisfactoria«.
La oposición asegura que «nadie sabe a ciencia cierta cuánto se recicla y cuánto se quemará en las incineradoras«.
Los municipios se resisten a implantar en su suelo una incineradora por el «coste y los riesgos» ante la población.
Una incineradora combustiona la basura que no se recicla en los procesos de valorización.
Las incineradoras de última generación tratan de reducir el impacto visual porque, de lo contrario, son visibles a kilómetros al disponer de chimeneas de gran envergadura capaces de alcanzar entre 90 y 100 metros de altura.
Cada incineradora cuesta unos 250 millones de euros, de los que Bruselas financia, como mínimo, el 75%.
