Cabildo GC tiene un problema y una prioridad con la gestión del agua a cuenta de la sequía severa que sufre la isla y las necesidades que demandan el usuario doméstico, los alojamientos turísticos y la agricultura.
Los datos sobre la capacidad de las reservas son tan alarmantes, que el Consejo Insular de Aguas ha desatendido su deber de informar a la opinión pública con luz y taquígrafos.
La sequía que asola a Gran Canaria, especialmente en la mitad sur de la isla, ha reducido el caudal de los 7 embalses del Cabildo al 16% de su capacidad total, mientras que las presas privadas han bajado al 10%. En Soria, Ayaguares y Fataga, por ejemplo, se han agotado las reservas y se encuentran prácticamente vacías, mientras que Chira y La Gambuesa están al 11% y al 37% de su volumen total, respectivamente, y lo peor está aún por venir si la lluvia no irrumpe de forma generosa.
El Consejo Insular de Aguas disfruta de representación política (NC y PSOE), institucional (Feht y CCOO) y privada (concesionarios y asociaciones agrarias), de manera que cuenta con interlocutores suficientes como planificar acciones que mitiguen las consecuencias de la sequía.
Quizás, va siendo hora de que la oposición en el Cabildo (PP, Podemos y Unidos) promueva un pleno monográfico que saque a la palestra las amenazas que se ciernen sobre la agricultura y el turismo (además de los hogares), con impactos en el precio y la calidad del agua. De lo contrario, el grupo de gobierno que dirige Antonio Morales (NC, PSOE y 2 tránsfugas de Podemos) jamás va a abrir un polvorín que, antes o después, le estallará a poco más de un año de las elecciones.
En medio de la escasez de lluvia, se cuela ahora un espinoso asunto que investiga la Fiscalía de Delitos Ambientales contra el Cabildo.
Se trata de una denuncia de Elmasa por presuntos tratos de favor a operadores privados contraviniendo, posiblemente, la normativa, tal y como ha publicado Espiral21.
La Fiscalía también ha abierto diligencias informativas sobre la denuncia de un empresario particular (E.H.) contra Elmasa, interpuesta con posterioridad a la acción contra el Cabildo.
La investigación del Ministerio Público apunta al Consejo Insular de Aguas como responsable de la comisión de irregularidades. Antonio Morales, delegó casi todas las decisiones del Consejo en el titular de Aguas, Miguel Hidalgo, uno de los políticos que forma el núcleo duro del presidente.
Si el fiscal Javier Ródenas observa indicios delictivos, la ciudadanía tendría ante sí la oportunidad de asomarse a una actividad desconocida, en la que se mezclan poderes fácticos, multinacionales, lobbies, aguatenientes, organizaciones agrarias, sindicatos, concesionarios y, sobre todo, una clase política que ha aplazado un problema estructural y de primera necesidad que no admite más demora.
