Los supervisores europeos han fallado en el control y fiscalización de la quiebra de Thomas Cook.
La Comisión Europea, el Parlamento y el Banco Central disponían de información suficiente para abrir líneas investigadoras con el fin de paliar los efectos de un riesgo sistémico.
Los Estados miembros, más empecinados en negociar el Brexit y sus campañas electorales, hicieron caso omiso a las advertencias de la cotización de Thomas Cook, la guerra comercial de China o el enfriamiento económico.
Nadie de la autoridad pública y de las grandes estructuras que le cuestan un riñón a los ciudadanos, ha estado a la altura de una debacle que se llevará 13.000 empleos y reducirá la capacidad de negociación de las empresas canarias a la hora de cerrar precios.
La ocupación puede caer al 50% salvo en las grandes cadenas como RIU o Princess que no dependen de Thomas Cook y sus filiales europeas.
Pero si la autoridad pública europea ha fallado estrepitosamente como garante del interés general, en Gran Canaria suena a imprudencia institucional que no haya surgido ni una voz de alarma ante lo evidente: la quiebra de Thomas Cook es peor que el Gran Incendio que asoló este verano la cumbre de la isla redonda.
