Sanidad ve margen para gravar el tabaco con la nueva regulación europea.
Sanidad está convencida de que una mayor imposición fiscal al tabaco mejora los hábitos de vida saludable en Canarias, según fuentes de la comisión del tabaquismo del Gobierno regional.
Sanidad y Hacienda suelen abordar el incremento de la presión tributaria sobre las labores del tabaco, de manera que a final de legislatura los tipos básicos del IGIC «ayuden a sostener el sistema de gasto que producen las enfermedades vinculadas al tabaquismo«.
Espiral21 publicó que Sanidad sufre una sangría de 360 millones de euros al año como consecuencia del tabaco. Como contraste, las industrias tabaqueras que operan en las Islas ingresan solo la mitad: 188 millones de euros.
Los expertos en gasto sanitario consideran que la subidas de impuestos al tabaco contrae la demanda, tal y como se expone en el siguiente gráfico.
Hacienda ya anunció a finales de 2015 que procedería durante 2018 a un nuevo incremento de la manufactura tabaquera al albur de la entrada en vigor de la directiva comunitaria, que permite elevar aún más la imposición fiscal.
Los tabaqueros consultados por este periódico piden «un debate sereno» al tratarse de una industria «sensible» que genera 300 millones de facturación y dan empleo a 3.500 personas (el equivalente a 2 hoteles de 4 estrellas en las Islas).
En condiciones normales, la patronal tabaquera rehuye ante los medios de comunicación posicionarse sobre los planes de Sanidad, con el fin de que el contencioso pase desapercibido.
Sin embargo, la irrupción de la directiva (con un año de retraso en España) ha reabierto las expectativas de la Consejería de Sanidad para ampliar el colchón de gravamen al tabaco, según la recomendación de médicos especialistas como las unidades de Neumología de los hospitales públicos.
La Mesa del Tabaco, entidad que agrupa a agricultores, transformadores, fabricantes y distribuidores, considera, por su parte, que las medidas anunciadas por el Gobierno en la transposición de la directiva introducen nuevas limitaciones y restricciones en esta materia, lo que provoca que la regulación en España haya alcanzado ya su “límite máximo”.
El sector del cigarrillo electrónico, por ejemplo, lamenta que la nueva regulación aprobada por el Gobierno en materia de tabaco para adaptar la legislación nacional a la comunitaria imponga más cargas administrativas de lo exigido por Bruselas.
El Gobierno canario no ha concretado aún de forma oficial cuándo procederá a gravar el tabaco, pero «es una opción muy factible».
Los tabaqueros no esperaban una reacción así por parte de la comisión sobre tabaquismo pero la alarma se ha encendido en el control del gasto a cuenta del elevado número de fumadores.
En Canarias mueren cada año entre 2.500 y 3.000 personas por enfermedades asociadas al tabaco, en las que el Ministerio de Sanidad describe hasta 30 patologías diferentes.
Así y todo, la Administración considera que el número de fumadores en Canarias se sitúa por debajo de la media nacional a pesar del importante peso económico que tiene el sector en la región.
El presidente de la Asociación Canaria de Industriales Tabaqueros, Gustavo Ojeda, solicitó al Gobierno central que establezca una «regulación especial» para el Archipiélago en materia de trazabilidad, dada su atomizada red de distribución, una reclamación que podría respaldar el Ministerio de Hacienda, que ya exceptuó en 2005 a las Islas del régimen general de la Ley del Tabaco para «mantener el acervo histórico» de esta industria.
