Ahora que Ángel Víctor Torres y Fernando Clavijo liman asperezas tras el voto afirmativo de Ana Oramas a la cuarta prórroga del Estado de Alarma, el vicepresidente del Gobierno regional, Román Rodríguez, se hace notar ante el Estado.
En un comunicado público, Román Rodríguez presenta sus primeras dudas sobre la posibilidad de que el Gobierno central impida el uso del superávit de la Administración regional y las administraciones locales, con unos 4.000 millones de euros en los bancos.
De materializarse la amenaza de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el vicepresidente y líder de Nueva Canarias no se corta un pelo a la hora de anunciar un agravamiento de la crisis económica y sociales en las Islas, como consecuencia del Covid-19.
Román Rodríguez planteará este miércoles al Ministerio que no se oponga al uso del superávit y los remanentes del propio Ejecutivo autónomo y las corporaciones locales, en una reunión de carácter bilateral solicitada por el vicepresidente para negociar la aplicación de medidas singulares en Canarias, en proporción a la virulencia por el cero turístico.
Rodríguez ya planteó a la ministra en la reunión de los consejeros de Hacienda, que “llega la hora de los hechos, no solo de los gestos”.
Entre los hechos que va a demandar, da prioridad a que “el Gobierno central nos transfiera la pérdida de ingresos fiscales propios o, sobre todo, nos autorice ampliar el endeudamiento a largo plazo, además de utilizar nuestro superávit por algo que debiera ser muy fácil de entender como es que tenemos más necesidades y menos ingresos que el resto de las Comunidades Autónomas, aparte de que somos la menos endeudada del Estado”.
El vicepresidente subraya que, además, “defendemos el derecho de cabildos y ayuntamientos a utilizar sus remanentes y el superávit. Ellos y el Gobierno canario estamos totalmente de acuerdo en esas exigencias, vamos de la mano para reclamar decisiones con las que combatir la crisis sanitaria y social del Covid-19, y afrontar la reactivación económica. Tenemos la autoridad moral de que tanto el Gobierno como las corporaciones locales de Canarias hemos cumplido como nadie con las reglas económico-financieras”.
Plan para la Reactivación
Ante la caída en picado de los ingresos tributarios, la reivindicación de un mayor endeudamiento y el uso del superávit y remanentes “es la única fórmula para que no caigan las inversiones, que tienen que ser intocables, y no haya recortes en los servicios públicos esenciales, posibilidad a la que nos oponemos frontalmente y que no permitiremos, así como para financiar las medidas del Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias”.
El Gobierno de Canarias va a dejar de ingresar este año 1.000 millones de euros con respecto a lo presupuestado y las corporaciones locales, más de 500 millones.
Ante este escenario, el vicepresidente entiende que “el Gobierno de España ha de comprender que debe compensar por semejantes pérdidas a la Comunidad Autónoma, cabildos y ayuntamientos, diferencialmente más perjudicados que el resto de administraciones públicas de España como consecuencia de nuestra estructura impositiva, con mayoría de recaudación de tributos propios que no se contempla en las previsiones del Estado”.
En relación al nuevo fondo de 16.000 millones, Rodríguez ha insistido en que es “discutible”, tanto por el concepto de tres cajas en que se divide como por los criterios que se pretende aplicar a cada una, de tal modo que, según está planteado, perjudica claramente a Canarias. “Por ejemplo, de los 1.000 millones de decremento en la recaudación tributaria por parte del Gobierno de Canarias, apenas aspiraríamos a que nos compensaran en parte la pérdida por tributos cedidos, que será de unos 300 millones”.
Los recursos económicos que genera Canarias procedentes de su fiscalidad propia tienen una importancia significativamente superior que en el resto de comunidades autónomas de régimen común (en 2019, un 18,8% del total de ingresos presupuestados, frente a un 7,7%), reflejada en tributos como el IGIC, el AIEM y los impuestos propios sobre los combustibles derivados del petróleo y sobre las labores del tabaco.
El vicepresidente canario también insistirá a la ministra en la necesidad de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al objeto de analizar y debatir que en el levantamiento de las reglas fiscales (déficit, deuda y techo de gasto) participen las Comunidades Autónomas, no lo gestione exclusivamente la Administración General del Estado.
