Decía el economista austriaco Ludwing Von Mises (1881 – 1973), que “los conocimientos económicos conducen al liberalismo y que el intervencionismo y el socialismo tienen en común el objetivo de subordinar incondicionalmente el ciudadano al Estado”. También sostenía que “toda la oratoria de los promotores del gobierno omnipotente no puede anular el hecho de que hay sólo un sistema que resulta en una paz duradera: una economía de libre mercado. El control gubernamental conduce al nacionalismo y, por tanto, produce conflictos”. Sinceramente, no podría estar más de acuerdo con todo ello.
En estos tiempos inciertos, en los que una nueva crisis económica se cierne sobre nosotros, conviene rescatar esas acertadas reflexiones ya que el futuro no es nada alentador sabiendo que el próximo Gobierno de España puede contar con la presencia de los principales valedores del intervencionismo en su vertiente más radical. Por ello, se hace más necesario que nunca la necesidad de defender las políticas económicas liberales que protejan a las familias y a las empresas.
Frente a las medidas claramente intervencionistas que pretende instaurar a toda costa esos mal llamados progresistas, que en realidad representan todo lo contrario al progreso, es fundamental estar ojo avizor y plantar batalla cuando y donde corresponda.
La historia está ahí, los datos no mienten.
La teoría marxista basada a su vez en el Dogma Montaigne que decía que la pobreza de los pobres es consecuencia de la riqueza de los ricos, es la gran falacia sobre la que articulan su discurso y reniegan de la realidad, y que únicamente buscan con el intervencionismo su beneficio propio y el de sus afines.
En su obra “La fatal arrogancia», Hayek, habla de la superioridad moral que destilan los intervencionistas que creen tener la autoridad moral suficiente y un mayor juicio que el resto de los mortales para dirigir, intervenir, reprender, prohibir, consentir lo que ellos consideren más adecuado para los demás, cuando ni tan siquiera saben que es lo mejor para ellos mismos.
En este país y en todos cuando aumenta la intervención del Estado, se castiga a los contribuyentes. Es así de simple y así de contundente. Que nadie se lleve a engaños. Lo que puede suceder en la próxima legislatura, si finalmente se conforma un gobierno claramente intervencionista entre socialistas y comunistas, cuyo máximo representante de estos últimos se ha declarado pública y abiertamente marxista, sin duda es algo bastante preocupante, como así se ha expresado la propia Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
El intervencionismo supone atacar no solo a las economías domésticas sino también al tejido empresarial y con ello a la creación de empleo y generación de riqueza. O sea, el peor calvario posible.
La fuerte subida de impuestos, del gasto público y también la deuda pública a pesar de que se jactan de que conseguirán reducirla, tendrá unas consecuencias nefastas. El resultado será la estatalización de una administración aún más burocrática, confiscatoria y dinosáurica. El recetario que hemos oído a este posible y futuro Gobierno de izquierdas radical es para espantarse. Con toda razón el recelo que hoy presenta el acuerdo de PSOE con Unidas Podemos con seguridad mutará con gran facilidad a un estado de pánico por parte de los empresarios. Ya lo han dicho.
Crecerá la inseguridad jurídica y esto afecta a todos los sectores, incluido obviamente el económico y empresarial. Los principales inversores extranjeros ven ya con recelo invertir en España ante el panorama que se avecina, lo cual resulta lógico. Los empresarios comienzan a tener insomnio, un insomnio que precisamente hace unos meses decía Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, que padecería si tuviera a los comunistas en su gabinete.
Parece ser que Sánchez ya ha encontrado la cura para el insomnio, afortunado él, pero solo para el suyo, ya que el resto de los mortales seguimos padeciéndolo en mayor o menor medida solo de pensar que los que idolatran las políticas económicas de Chávez (el Rey de la Expropiación) y Fidel Castro (durante décadas máximo exponente del marxismo en Latinoamérica) y que solo han traído ruina y miseria a sus pueblos, puedan dictar pautas o tener influencia en la economía que afecten a todos los españoles.
Y es que, si no hay un giro de ciento ochenta grados, estamos abocados a un período oscuro para el crecimiento económico y la libertad de empresa reconocida en el artículo 38 de nuestra Carta Magna, que garantiza el derecho a desarrollar una actividad empresarial en condiciones de igualdad, lo cual puede verse seriamente afectado si en el Gobierno de este país hay presencia de quienes comparten postulados en materia económica tan peligrosos como la férrea defensa de la venta ilegal, fijar los precios del mercado de alquiler de viviendas, e incluso la expropiación de las mismas o restablecer la renta antigua, intervenir en los medios de comunicación (más todavía), disparar el gasto público, subir impuestos y asfixiar a la ciudadanía.
En definitiva, si no se le pone remedio, y se impone de una vez por todas el sentido común con la configuración de un Gobierno que garantice el respeto al libre mercado, a la libre competencia y en definitiva a los principios económicos liberales que llevan tiempo funcionando y que garantizan la igualdad de todos los ciudadanos, estaremos abocados a una hecatombe económica en la que, como siempre, los más damnificados serán los ciudadanos de a pie, los trabajadores autónomos y las pequeñas y medianas empresas.
Álvaro Muñoz Hernández es abogado y secretario de la asociación Red Legal de Juristas de Empresa.
