La Audiencia de Cuentas de Canarias acaba de publicar un informe de quilates para combatir la lacra del enchufismo laboral en la Administración, convertida en santo y seña del parasitismo institucional y político frente a la hambruna (y dignidad) de miles de demandantes de empleo o frente a la presión fiscal que soportan pequeñas y medianas empresas.
La entidad fiscalizadora del sector público difunde en su web corporativa (al alcance de toda la ciudadanía), un documento de 48 páginas que pone el dedo en el tallo de un factor desestabilizante que bordea la corrupción, porque no hay peor antídoto que la incapacidad de pantillas «provisionales» para proyectos que «no están adecuadamente planificados y que tardan hasta 72 meses en contratarse su ejecución», en referencia a los fondos europeos destinados a mejorar las infraestructuras, el empleo o la formación, y que fracasan en su ejecución «por inmadurez de los propios proyectos, y en otros porque los centros gestores carecen de unidades de contratación estables y cualificadas».
La Audiencia, presidida por el nacionalista Pedro Pacheco, desvela un secreto a voces que, por fin, encuentra un altavoz que puede cambiar el rumbo de la eficiencia administrativa o precipitar todo lo contrario: el fracaso en la gestión y, por extensión, en el cuidado servicio público a la ciudadanía.
En el informe se saca a colación el caos de Transición Ecológica, una consejería que gobierna el Partido Popular como un patio de la infancia. El consejero, Mariano Hernández Zapata, no se entera de que su departamento, clave para el conjunto de las inversiones privadas (por los permisos medioambientales), es un caos. Según la Audiencia de Cuentas, dispone sólo de tres funcionarios: un jefe de servicio y dos técnicos; seis laborales y el personal que contrata a través de encargos de los préstamos de Gesplan, una empresa pública convertida en el apagafuegos de la trapisonda contractual del Ejecutivo.
La Audiencia explica que el Gobierno PSOE-NC-Podemos (2019-2023) dejó perder 1.300 millones de euros en la ficha financiera de Bruselas, pero agrega que el nivel de ejecución pasó del 37% en el anterior mandato de Fernando Clavijo (CC) al 59% con Ángel Víctor Torres.
Hasta bien entrada la tarde del jueves, el Gobierno actual (segundo periodo de Clavijo), ha guardado silencio. Es de suponer que esperan el antiácido de la farmacia para asumir tanto desaire a los electores.
En el gobierno socialista de Torres, el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, promovió la contratación de 4.000 personas para cubrir las vacantes por jubilación de la Administración autonómica. Hubo más de 10.000 perfiles que superaron la criba inicial. Al final de legislatura, el equipo de Julio Pérez arrojó la toalla. Los sindicatos bloquearon la iniciativa y los grupos de presión ocultos en CC, PP y en el propio PSOE (los que controlan el cruce de caminos de la burocracia y el favoritismo), se avalanzaron sobre el mismísimo presidente (hoy ministro) para que lo retomara en un segundo mandato.
Esos currículos quedaron ocultos y los instigadores de entonces son ahora más fuertes, con tono amenazante a la clase política, como paralizar la maquinaria administrativa por muy escaso personal que acredite la Audiencia de Cuentas. Mantienen el estatus quo a costa de devolver dinero a Europa y seguir acusando un déficit de productividad y competitividad que nos pasará factura si los socios comerciales de Europa deciden un día parar la emisión de turistas a Canarias. Entonces será el crujir de dientes.
