Gran Canaria está a un paso del todo o nada para planificar su futuro económico en los sectores que más empleo generan: turismo y construcción.
Los inversores, tanto locales como extranjeros, acumulan más de 2.200 millones de euros sin posibilidad de darle salida por culpa de trabas burocráticas, administrativas y judiciales, según el criterio de Deloitte, la primera consultora de España.
La patronal de Las Palmas abordó este martes 30 de octubre con el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, medidas alternativas para desbloquear los compromisos empresariales. «Las oportunidades de negocio no esperan y algunas solo se presentan una vez«, según la reiteración del presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique.
La reunión se produjo a instancias del propio alcalde, quien ha observado en las últimas semanas un clima de «cierta incomprensón» hacia los procedimientos del Ayuntamiento sureño, «que no son otros sino propiciar la inversión bajo el estricto cumplimiento de la ley«.
Gran Canaria lleva desde 2009 sin inaugurar un hotel de nueva planta.
El RIU Oasis, con una inversión de 40 millones de euros, consistió en la rehabilitación de un hotel preexistente.
Las normativas sobre el planeamiento territorial, la protección abanderada por los colectivos ecologistas y las disputas empresariales por las bolsas de suelo, «han convertido a Gran Canaria en un imposible para la inversión«, según la patronal.
Todos los grupos turísticos y las primeras empresas constructoras e inmobiliarias ya no saben a quién acudir.
El Sur de Gran Canaria es el núcleo más perjudicado en la medida que las compañías mayoristas (touroperadores) demandan camas nuevas, adaptadas a los hábitos del turismo contemporáneo.
«En el Ayuntamiento sureño falta personal en las áreas de planeamiento«, según fuentes empresariales.
El Consistorio, por su parte, admite que «no es tan fácil» amortizar las jubilaciones de funcionarios y, solo en determinados casos, «el trabajo se acumula«. «Gobierno regional, Demarcación de Costas y Cabildo también deben asumir su responsabilidad, las dificultades de los empresarios están en varios tejados«, se defiende el Ayuntamiento.
La situación es algo parecida, aunque con menor impacto económico, en la capital grancanaria, donde las autorizaciones para conceder las licencias de obra nueva o rehabilitación sufren un retraso superior a los 18 meses.
