El Consejo de Ministros aprueba el real decreto ley por el que las empresas podrán decidir cambiar su domicilio social sin necesidad de contar con el visto bueno de la junta de accionistas, lo que facilitará su salida de Cataluña ante el desafía independentista.
El Gobierno da luz verde al decreto que facilita la salida de las empresas de Cataluña.
El real decreto, según el ministro de Economía, Luis de Guindos, pretende dar plena efectividad al artículo 285 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital mediante una aclaración de su contenido, para así facilitar su aplicación.
El Ejecutivo ya modificó la normativa en 2015 -también a instancias de grupos empresariales, según ha indicado De Guindos- para que los órganos de administración de las empresas pudieran decidir el cambio de domicilio salvo que sus estatutos exigieran el visto bueno de la junta de accionistas.
Según Guindos, la «extraordinaria y urgente necesidad de la medida viene justificada por la exigencia de garantizar la plena vigencia del principio de libertad de empresa así como de respetar la prohibición de adoptar medidas que obstaculicen la libertad de establecimiento de los operadores económicos, ambos preceptos recogidos en la Constitución«.
Responde, además, a la demanda de amplios sectores empresariales ante las «dificultades surgidas para el normal desarrollo de su actividad en una parte del territorio nacional«, ha dicho el responsable de la cartera de Economía del Gobierno.
Dentro del Ibex 35, empresas como Gas Natural Fenosa, Abertis, Cellnex o Colonial, además de la propia Caixabank, tienen su sede social en Cataluña. Asimismo, otras cotizadas como FCC, Borges o Ercros cuentan con su domicilio social en territorio catalán.
Guindos señaló que «es muy triste lo que estamos viendo y que tantas empresas quieran salir de Cataluña«.
Guindos aclaró que «el Gobierno siempre favorecerá lo que permita la prosperidad económica en Cataluña. Si hay decisiones que se toman al respecto tienen que ver con la política irresponsable llevada a cabo por el Gobierno catalán«.
Las consecuencias de la «vulneración constante de la ley siguen su curso«, afirma el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.
