Alberto Garzón, ministro de Consumo, aprueba una norma cque prevé obligar a las empresas a prestar atención telefónica especializada a los clientes sin someterles a plazos de espera de más de tres minutos bajo la amenaza de aplicarles multas de hasta 100.000 euros.
Esta limitación a 180 segundos en los tiempos de espera telefónica regirá sobre los servicios generales de información, reclamación y posventa de las empresas públicas y privadas, según detalló el Ministerio de Consumo. Además, la ley da derecho a los consumidores a solicitar en cualquier momento ser atendidos por una persona con formación especializada independientemente de que la consulta se iniciara mediante un servicio de contestadores automáticos.
En paralelo, la norma busca obligar a las empresas que presten servicios básicos de continuidad, como los suministros de luz, agua o gas, a tener que prestar información a su clientela sobre posibles incidencias en un plazo máximo de dos horas, informando del motivo del corte de suministro y el tiempo estimado para su restauración. Los afectados tendrán, a su vez, derecho a solicitar indemnizaciones o descuentos en la factura a través de canales gratuitos de atención operativos durante las 24 horas del día y los 365 días del año que, en el caso de los suministros básicos, deberán estar disponibles para otras consultas y no podrán acabar derivando la llamada a teléfonos de pago.
