A raíz de la crisis de refugiados de 2015 en Europa, la UE ha invertido más de 11.000 millones de euros en Turquía para ayudar al país a apoyar, albergar y gestionar a casi 4 millones de personas que habían huido hacia el norte para escapar de la devastadora guerra civil de Siria.
Estos fondos representan el mayor esfuerzo humanitario en la historia de la UE, pero su propósito está lejos de ser altruista: pretende minimizar la llegada de solicitantes de asilo al bloque garantizando que permanezcan en Turquía. La cantidad incluye casi 1.000 millones de euros para seguridad fronteriza y tramitación de solicitudes de asilo, con el fin de ayudar a Ankara a contener a los refugiados.
Sin embargo, Ankara se ha cansado de actuar como depósito de refugiados de Europa. En los últimos años, el gobierno turco comenzó a utilizar gran parte de esta infraestructura financiada por la UE para reducir el número de solicitantes de asilo que acoge, deteniendo y deportando por la fuerza a sirios, afganos y otras personas que enfrentan peligro en sus países de origen, según una investigación periodístico de Politico.eu y otros ocho medios de comunicación, en colaboración con Lighthouse Reports.
La investigación reveló que la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE responsable de supervisar la financiación asignada a Turquía, ha ignorado repetidamente las advertencias (de grupos de la sociedad civil, abogados, diplomáticos e incluso de su propio personal) que indicaban que los fondos de la UE se estaban utilizando para apoyar un sistema de deportación que expulsaba a decenas de miles de solicitantes de asilo.
