El Gobierno canario resolvió, al fin, un concurso de calado que tenía soliviantada a una buena parte del sector sanitario y, también, a otro influyente grupo de gestores intermedios, tanto públicos como privados.
El concurso de las ambulancias llevaba pendiente 12 años y, por tanto, es justo reconocer el mérito del jefe del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, para dar garantías al sistema en un momento tan delicado como la pandemia por coronavirus.
El procedimiento, que se licitó en régimen abierto, se ha visto salpicado, no obstante, por recursos de las empresas concurrentes hasta el punto de que la adjudicación de Tenerife está resuelta de forma parcial, según la información pública de la que dispone este periódico.
La mesa de contratación acordó que Acciona-Icot, Tasisa (propiedad de Supsat Investment) y Atlantic Emergency, asuman contratos por valor de 153 millones de euros para una licitación inicial que arrancó con 195 millones de euros, una diferencia que representa un ahorro significativo para el presupuesto regional.
Además del oficio como gestor del abogado Elías Castro (ex concejal del PSOE en Santa Cruz de La Palma), en calidad director gerente de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias, cabe citar al conjunto del consejo de administración de esta empresa pública:
Presidente: Julio Pérez, consejero de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno.
Secretaria: Otilia Olascoaga.
Vocales: Antonio Olivera, viceconsejero de la Presidencia.
Octavio Jiménez, director general de Programas Asistenciales.
Gustavo Armas, director general de Seguridad y Emergencias.
Pablo Hernández, director general de Modernización y Calidad de los Servicios.
María Altamirano, secretaria general técnica de Administraciones Públicas.
Ana Pérez, directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud.
Alejandro Rodríguez, viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia.
José Julián Istúritz, director general de Patrimonio y Contratación.
