La Comisión Europea lleva a la Justicia comunitaria la negativa del Gobierno español a trasponer la directiva sobre el IVA franquiciado para los trabajadores por cuenta propia tras la denuncia de ATA (en Canarias, la versión fiscal indirecta, Igic). El Ejecutivo pide sanciones para España.
La Comisión Europea decidió dejar en manos de la Justicia comunitaria la decisión de España de no trasponer por completo la Directiva que permitiría a los autónomos con bajos ingresos -presumiblemente, menos de 85.000 euros al año- dejar de retener y devengar IVA al Fisco.
En un comunicado difundido este miércoles, el Ejecutivo de Ursula von der Leyen afirma que «España ha indicado que no tiene intención de aplicar la exención del IVA a las pymes establecida en la Directiva, dado que su aplicación es opcional para los Estados miembros. Si bien esto es posible, se espera que España transponga las disposiciones que permiten a las pymes establecidas en España aplicar el régimen de exención en otros Estados miembros. Para que una pyme establecida en España obtenga la exención en cualquier otro lugar de la UE, primero debe registrarse ante las autoridades españolas».
