Hacienda ansía los 30.000 millones de euros concentrados en la hucha municipal para combatir el Covid-19.
El Gobierno de Pedro Sánchez exprime como un limón las cuentas públicas para satisfacer el enorme gasto en prestaciones como desempleo, Ertes, mínimo vital y pensiones, a los que hay que añadir el sueldo de los funcionarios.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mira de reojo el caudal de dinero proveniente de los ayuntamientos españoles, con un superávit de casi 4.000 millones de euros, a los que se suman 28.000 millones en remanentes positivos.
El fisco aclara que «nada o poco se ha decidido«, pero las corporaciones arrastran una mosca inquietante.
La duda es si el dineral pasa a las comunidades autónomas o se registra en un depósito del Banco de España para que el Estado disponga de los recursos financieros que se derivan del coronavirus.
La clave de bóveda de este lío político-financiero se decidirá, en realidad, en Bruselas. Si la Comisión Europea y el Banco Central abren el grifo con condiciones (o sea, poniendo deberes de reajuste a España), la cuadratura del círculo que busca Montero, podría cambiar en favor de ayuntamientos y cabildos. Si no, que se preparen las corporaciones locales porque todas las perritas se quedarán en Madrid.
