Canarias se juega todo ante la mayor crisis económica de su historia reciente como consecuencia de la pandemia Covid-19.
Además de planes específicos a futuro, el presente cobra tanta fuerza que cientos de empresas podrían borrarse del mapa si a Madrid le da por hacer oídos sordos a la petición de operadores, inversores y asesores fiscales.
Ocurre que los plazos de materialización de los incentivos tributarios (RIC, DIC o ZEC, por citar algunos) corren muy rápido y si la Agencia Tributaria empieza a librar comunicaciones para justificar las inversiones en pleno Estado de Alarma, puede ocurrir que las empresas salten por los aires.
Con el apagón turístico y la actividad económica paralizada, las empresas no pueden ejecutar el último plazo que exige la Ley.
Como bien advierte la Cátedra del REF de la Universidad de Las Palmas, que dirigen Salvador Miranda y José Dorta, el Estado tendrá que hacer una doble pirueta para dejar en suspenso cualquier riesgo de sanción e, incluso, de reclamación de la totalidad de la inversión de los años precedentes, algo que llevarían a la ruina a buena parte del empresariado y a miles de empleados.
En lenguaje llano y cristiano, las empresas no pueden devolver a Haciendo algo que no tienen o que no pueden llevar a cabo en plena pandemia, con los hoteles sin clientes y el negocio turístico y de servicios completamente hibernado.
Los profesores Miranda y Dorta advierten de que el Gobierno de Canarias debe iniciar una revisión de estrategia ante el Estado y, llegados a este punto, conviene matizar que la consejera de Economía, Elena Máñez, se plantearía dejar paso a que el protagonismo ante Madrid lo encarne el vicepresidente y titular de Hacienda, Román Rodríguez, autor del escrito ante la ministra María Jesús Montero para que el próximo Consejo Fiscal de Política Financiera recoja la idiosincracia insular.
