Buzos del Puerto del Puerto de Las Palmas descubrieron en el fondo del mar de La Esfinge cajones de hormigón fabricados antes del contrato que la Autoridad Portuaria firmó con el grupo de empresas encabezado por FCC, ganador en 2007 del concurso por 46 millones de euros para ampliar el dique.
En noviembre de 2018, el Ministerio de Hacienda remitió al Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas, el informe de intervención sobre las obras de La Esfinge, según la causa que se sigue desde 2015 tras la denuncia interpuesta por el ex gerente de Sestiba, José Olivares, y que ha dado lugar a la imputación de 3 ingenieros de alto rango y a 2 ejecutivos de la unión temporal de empresas que ganó la adjudicación.
A lo largo de 28 folios elaborados por el interventor y perito Tanausú Quesada, el Ministerio que dirige la socialista María Jesús Montero pone de relieve que los buzos comprobaron el «desgaste» de bloques de hormigón utilizados para la construcción.
La antigüedad de esos cajones y su procedencia representan una de las claves que determina la posible malversación de fondos públicos que investiga el magistrado Javier García Satoca.
El Ministerio detalla paso a paso la cronología de los hechos y decisiones administrativas abrigados en el expediente de La Esfinge.
Se da la circunstancia que una parte de los acuerdos de La Esfinge se adoptaron entre los años 2007 y 2011, durante la vigencia del consejo de administración del que formó parte el ex presidente de Puertos del Estado, José Llorca (PP).
El perito de Hacienda destaca como hitos un informe del Ministerio de Fomento (en 2010) que da fe de la conclusión del talud de sobre el que se depositarán los cajones. Sin embargo, el procedimiento se intensifica a partir de junio de 2011.
Ese año, CC y el PSOE acordaban formar gobierno en Canarias, con Paulino Rivero y José Miguel Pérez.
La sustitución del entonces presidente, Javier Sánchez Simón (PP) era cuestión de meses. Y aunque el perito no subraya ese hecho político, sí pone énfasis en las decisiones acaecidas entre el 7 junio de 2011 y el 9 de agosto de 2011 (3 días antes de la llegada de Luis Ibarra (PSOE) al Puerto.
El 7 de junio, el consejo de la Autoridad Portuaria delega en el presidente la recepción de la obra de La Esfinge. El día 8 de junio, el director del Puerto, José Daniel López, pide a Sánchez Simón que la recepcione.
El perito ya advierte de que «no se trató de una recepción parcial» porque un mes después, el 5 de julio, la dirección facultativa del expediente, la Autoridad Portuaria y la propia ute concluyen que la asunción de la obra resultaba «fallida» a pesar de que «no hay acta desfavorable«, según el documento remitido al Juzgado.
El 11 de julio, Sánchez Simón pidió a la presidencia de Puertos del Estado (estaba dirigida por el PSOE y faltaban 4 meses para las generales), un modificado sobre la obra de La Esfinge.
El 9 de agosto, en pleno mes de vacaciones veraniegas, Fomento informa a Puertos del Estado a favor del modificado. 72 horas más tarde, Paulino Rivero cesa a Sánchez Simón por razones de orden «político«, según explicó en un acto público.
El 11 de noviembre (a solo 9 días de las elecciones generales que ganaría Rajoy), los ingenieros José Daniel López, Salvador Capella (jefe de área) y Miguel Larraz (jefe de departamento; los 3 están investigados por el juez) comunican a la ute el modificado por la pérdida de un cajón y futuras concesiones de suelo a empresas petrolíferas.
Luis Ibarra ya llevaba 3 meses en el cargo y empiezan las dudas. Ibarra lleva el modificado al consejo de administración del Puerto el 28 de noviembre y logra su aprobación. El 21 de diciembre obtiene el plácet de Puertos del Estado (ya con el PP).
Aumentan las unidades de fabricación
López, Capella y Larraz acuerdan con el contratista el aumento de las unidades de fabricación.
Hacienda calcula que se pasó de 44 millones de metros cúbicos de hormigón a 47 millones, pero añade que la Autoridad Portuaria jamás hizo referencia en los acuerdos con la ute al uso de bloques «acopiados» de los que era titular por excedentes de otras obras.
«El modificado de obra fue inadecuado e insuficiente para ajustarse a la realidad de la obra ejecutada (…). Carece de toda lógica que se apruebe un modificado con la obra finalizada y que no se recojan variaciones en las partidas cuando en la liquidación se va a superar en más de un 50% a las previstas en el proyecto«, subraya el perito.
El Ministerio detecta «anomalías» e «incidencias» en las certificaciones (órdenes de pago) como un camino a seguir para esclarecer, en el informe, el volumen de bloques colocados y quién los fabricó.
Al Ministerio de Hacienda, por ejemplo, le sorprende que en abril de 2009 se certificaron 91 millones de metros cúbicos colocados en La Esfinge y, un mes más tarde, se acreditaran 44 millones. «Resulta sorprendente que se siguiera certificando con total normalidad (…). Nos permite poner en tela de juicio la presunción de veracidad«.
En realidad, el informe de la Intervención fue reclamado desde 2012 por Luis Ibarra al comprobar que se estaba tropezando con un conflicto de intereses donde la ute reclamaba 12 millones de euros al Puerto por costes imprevistos en la obra.
El informe llega ahora cuando el PSOE gobierna en el Estado. El juez García Satoca reclamó la pericial en julio de 2017, pero no fue hasta el 24 de agosto de 2018 (semanas después de la llegada al Ejecutivo de Pedro Sánchez) cuando se activa todo el procedimiento.
¿Quién autorizó el traslado?
El 22 de octubre de 2018, Espiral21 adelantó la conclusión del informe en torno a la declaración ante el juez del funcionario de Fomento, E.S., quien respondió a las preguntas de las partes en torno a los episodios relacionados con la dirección de obra para determinar quién autorizó el traslado de los cajones sumergidos en dique hundido del Muelle Deportivo, pese a que se trataba de una infraestructura ajena, que no contaba con autorización previa del principal financiador, la Unión Europea.
Esa transferencia de material provocó que Bruselas exigiera el reintegro de 11 millones de euros, ya que el Muelle Deportivo y La Esfinge eran dos obras separadas que se tramitaron de forma diferenciada a efectos presupuestarios.
El dique de La Esfinge, construido por la ute FCC, Dragados, Matías Marrero y Félix Santiago, también sufrió alteraciones en la altura, que no pasaron la criba de Fomento.
Una vez subsanados los defectos, el Puerto se gastó 3,5 millones de euros adicionales en su reforzamiento y prevé invertir otros 6 millones de euros para garantizar su seguridad.
En el momento de la tramitación del expediente de obra el delegado de FCC en Las Palmas era Juan Madrigal (investigado) hermano de la entonces fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, hasta la moción de censura de Rajoy.
El Ministerio Público ha insistido en la necesidad de preservar, ante todo, la defensa del interés general en la custodia de los fondos públicos y para eso, según fuentes judiciales, “se hace necesario” entender por qué el consejo de administración del Puerto “no exigió una justificación o un parte oficial del retraso inexplicable que mostraban las obras del dique“.
El Juzgado Número 7 también instruye el fallecimiento de un trabajador durante los trabajos de La Esfinge. En este sumario hay encartadas 5 personas.
Según fuentes portuarias, La Esfinge fue el motivo de confrontación entre Luis Ibarra (hoy candidato al Cabildo GC por el PSOE) y José Llorca (relevado por la canaria Ornella Chacón).
El perito del Ministerio de Hacienda concluye que 26 millones de metros cúbicos son de origen «distinto» al contrato, de manera que proceden de otras infraestructuras. Eso explica por qué los buzos descubrieron «desgastes» en los cajones sumergidos en La Esfinge.
El perito afirma con rotundidad en su informe que los bloques colocados en La Esfinge ascendieron a 70 millones de metros y los fabricados por la ute a 44 millones, según las certificaciones de obra. «La ute no fabricó más de 44 millones (…) Así y todo, la ute certificó como fabricados 67 millones«.
La Autoridad Portuaria pagó 9,3 millones de euros por los cajones cuando, según el criterio del perito, se debieron abonar 6,1 millones de euros.
El posible quebranto o malversación de los 3,2 millones viene determinado por los pagos adicionales de la colocación, que es otro proceso del concurso.
Las comparativas del perito tampoco dejan lugar a dudas.
«Hubo un exceso al adjudicatario de 3,2 millones de euros«, apunta el Ministerio, ya que hubo traslado de bloques de obras ya pagadas y terminadas en el Puerto: Dique Sur (24 millones de metros cúbicos) y León y Castillo (2,8 millones).
El Dique Sur de abrigo consistió en un proyecto de 12 millones de euros adjudicado a la ute Lopesan-Acciona (dique Perejil) para contener el oleaje. Unas 86 toneladas de los cajones trasladados a La Esfinge proceden de este obra, que sufrió parones al aparecer en 2007 un pecio en el fondo.
En abril de 2015, la ute admitió ante el fiscal Guillermo García Panasco que no fabricaron parte del material cobrado.
En octubre 2013, Luis Ibarra reiteró ante José Llorca y la Intervención General la elaboración de un informe jurídico por la reclamación de la ute. En enero de 2014 también reclamó una auditoría sobre el contrato convenido con las constructuras.
Desde esa solicitud de pruebas hasta la conclusión del informe del Ministerio de Hacienda han transcurrido 5 años y un cambio de gobierno ejercido ahora por el PSOE.
