Por J.S. Mujica
El caso por presunta corrupción en la ampliación del dique de La Esfinge que se ha reactivado en el Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas, explica los 4 años de conflicto institucional que mantuvieron Madrid y Las Palmas.
Poco a poco el Juzgado ha desempolvado un expediente complejo en su tramitación por la coincidencia de dos obras que obligó a devolver dinero a Europa (el dique hundido del Muelle Deportivo y la propia Esfinge) y sensible desde el ámbito social por la proximidad que los dos proyectos mantienen con el poder político y empresarial.
A Puertos del Estado le inquieta las consecuencias que se deriven de la instrucción judicial por si el magistrado requiere explicaciones a su máximo rector, José Llorca, ex vocal del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas entre 2007 y 2011.
La investigación judicial de las obras de ampliación de La Esfinge arrancaron en 2014. La construcción correspondió por concurso a la ute encabezada por FCC, la misma constructora salpicada por el escándalo en Aquamed, empresa del Ministerio de Agricultura que provocó en el mandato anterior la detención y encarcelamiento de varios cargos públicos y la caída del brazo derecho de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
El Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas retoma La Esfinge con la declaración de uno de los funcionarios del Ministerio de Fomento, E.S., encargado de supervisar los trabajos de construcción del dique, con un coste de casi 50 millones de euros.
El juez Javier García Satoca trata de esclarecer si hubo delito (malversación y falsedad) en las fases de la obra y la supervisión del expediente administrativo que determinó un posible quebranto para las arcas públicas de, al menos, 14 millones de euros.
En el caso está personada una acusación particular ejercida por J.O., ex directivo de un operador portuario.
El juez ya ha tomado declaración a dos ex CEOs de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, J.L. y M.L., que figuran como investigados aunque fuentes conocedoras del sumario anticipan que podría ampliarse la lista de encartados.
El Ministerio Fiscal, por su parte, interrogó hace 3 años, como testigos, al presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra. La declaración se produjo en el despacho del fiscal Guillermo García Panasco en Las Palmas.
La Fiscalía observó indicios de delito relacionados con la gestión de fondos públicos y dio traslado al juez para su instrucción penal.
El funcionario de Fomento E.S. responderá a las preguntas de las partes en torno a los episodios relacionados con la dirección de obra para determinar quién autorizó el traslado de los cajones sumergidos en dique hundido del Muelle Deportivo, pese a que se trataba de una infraestructura ajena, que no contaba con autorización previa del principal financiador, la Unión Europea.
Ese transferencia de material provocó que Bruselas exigiera el reintegro de 11 millones de euros, ya que el Muelle Deportivo y La Esfinge era dos obras separadas que se tramitan de forma diferenciada a efectos presupuestarios.
El dique de La Esfinge, construido por la ute FCC, Matías Marrero y Félix Santiago, también sufrió alteraciones en la altura, que no pasaron la criba de Fomento.
Una vez subsanados los defectos, el Puerto se gastó 3,5 millones de euros adicionales en su reforzamiento.
En el momento de la tramitación del expediente de obra el delegado de FCC en Las Palmas era Juan Madrigal, hermano de la entonces fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal.
Las peticiones de testigos incorporadas a la causa incluyen, inicialmente, a presidentes de la Autoridad Portuaria como Emilio Mayoral, Javier Sánchez Simón y el propio Luis Ibarra. Tampoco se descarta, a ruego de la acusación particular, ampliar la lista al presidente del Puertos del Estado, José Llorca, por pertenecer al consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas durante el transcurso de las obras.
El Ministerio Público ha insistido en la necesidad de preservar, ante todo, la defensa del interés general en la custodia de los fondos públicos y para eso, según fuentes judiciales, “se hace necesario” entender por qué el consejo de administración del Puerto “no exigió una justificación o un parte oficial del retraso inexplicable que mostraban las obras del dique“.
El Juzgado Número 7 también instruye el fallecimiento de un trabajador durante los trabajos de La Esfinge. En este sumario hay encartadas 5 personas. Por tanto, una de ellas, M.L., está investigada en dos procedimientos a la vez por el mismo magistrado.
Desde que Ibarra llegó a la presidencia en 2011, el pulso con Llorca ha sido una constante hasta que en la entrega de premios del Puerto de Las Palmas, en 2016, ambos se dieron una tregua. Para entonces, la investigación judicial de La Esfinge ya estaba madura y el propio Ibarra había transferido al juzgado todo el dossier de La Esfinge.
