El magistrado Juan Carlos Peinado dictó auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra su asesora Cristina Álvarez.
El instructor ha resuelto que Begoña Gómez se siente en el banquillo de los acusados por un delito de tráfico de influencias y otro de malversación de caudales públicos, mientras que Álvarez responderá como cooperadora necesaria únicamente por la malversación relativa al desvío de un software universitario. El procedimiento con tribunal del jurado pasa ahora a la Audiencia Provincial de Madrid.
Esa resolución de la Audiencia apartó de la causa al empresario Juan Carlos Barrabés, contra quien la investigación proseguirá por procedimiento abreviado en una pieza separada.
Con fecha 27 de julio de 2026, la acusación popular unificada —integrada por la asociación HazteOir, el sindicato Manos Limpias, el Movimiento de Regeneración Política de España, Vox e Iustitia Europa— presentó su escrito de conclusiones provisionales solicitando la apertura del juicio oral.
Para Begoña Gómez pide dos años de prisión por tráfico de influencias, tres años por malversación continuada y ocho años de prisión con veinte de inhabilitación absoluta por la malversación del software, o, subsidiariamente, diez años de prisión en caso de concurso medial. Para Álvarez reclama seis años de prisión y quince de inhabilitación absoluta.
El Ministerio Fiscal, mediante escrito del 24 de julio, ha mantenido su petición de sobreseimiento y no ha formulado acusación contra ninguna de las dos.
La Universidad Complutense de Madrid, personada como perjudicada, ha cuantificado el perjuicio patrimonial en 113.509,32 euros —108.765,79 euros en gastos de contratación y 4.743,53 euros en coste de personal propio— y reclama la responsabilidad civil directa y solidaria de ambas acusadas.
