Tenerife golpea el alquiler vacacional con el propósito de defender el negocio hotelero.
Isaac Castellano, consejero de Turismo, da la cara y sufre el desgaste político, pero son el viceconsejero, Cristóbal de la Rosa, y el presidente de la patronal Ashotel, Jorge Marichal, los que limaron durante meses la base ideológica de un decreto «polémico«, según fuentes empresariales de Gran Canaria consultadas por Espiral21, que «amenaza el equilibrio insular«.
El decreto sobre viviendas vacacacionales será aprobado después del verano por el Gobierno de Fernando Clavijo dando «prevalencia» a la realidad económica de Tenerife en materia turística.
A diferencia de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, Tenerife dispone de un modelo turístico mixto, en donde las grandes áreas de explotación comercial conviven turistas con residentes.
Son los casos de Puerto de La Cruz, Adeje o Abona. A diferencia de Corralejo, Puerto del Carmen o Playa del Inglés (con perímetros exclusivos de zonas turísticas), Tenerife teme «el florecimiento y consolidación de una nueva actividad turística para la que no está preparado: los alquileres vacacionales«, según fuentes del sector.
Tenerife recibe cada año 6 millones de turistas y el 75% se hospeda en hoteles. Gran Canaria da cobertura a 4,5 millones de turistas pero el 65% se aloja en bungalows y apartamentos. «Dos realidades opuestas«.
En medio de ambos segmentos, el alquiler vacacional irrumpe con fuerza en 2012 gracias a las líneas de alta velocidad de Internet.
El alquiler vacacional copa ya el 25% del turismo y se ha convertido en fuentes de ingresos para economías domésticas y familiares.
Un hogar puede ingresar en torno a 12.000 o 15.000 euros anuales, con rentabilidades del 8% y 10% ahora que las entidades bancarias tienen paralizados los intereses por depósitos.
El alquiler vacacional en Canarias supera con creces los 1,5 millones de turistas en las estimaciones más suaves, ya que controlan unas 35.000 viviendas equivalentes a 130.000 camas.
Un propietario alquila su residencia o una habitación. Incluso los más avispados realquilan parte del inmueble que habitan. Todos lo negocian a través de las plataformas digitales que lideran Airbnb o Homeaway, que se llevan entre 15% y el 20% de los ingresos.
El reglamento restringe la actividad con el fin de salvaguardar a los hoteles de ese nuevo oponente llamado alquiler vacacional, y en ese contexto, la isla más beneficiada es Tenerife debido al perfil de su oferta.
En una reunión este martes 22 de mayo en el Sur de Gran Canaria, el presidente de la Federación de Hostelería y Turismo (Feht), José Mañaricúa, delegó la representación en Tom Smulder, un pequeño inversor holandés que preside la asociación de extrahoteleros.
Al encuentro asistieron los alcaldes Marco Aurelio Pérez (SBT) y Onalia Bueno (Mogán) y un grupo indeterminado de empresarios del sector, incluidos los abogados de los alquileres vacacionales.
El foco de la crítica de GC se refiere al régimen de funcionamiento (artículo 10, punto 2) que deja fuera del mercado al alquiler vacacional en las zonas turísticas.
Tom Smulder califica la medida de «moratoria encubierta» porque desincentiva la construcción o rehabilitación de inmuebles destinados al alquiler vacacional, pero ese es el objetivo que persigue la patronal de Tenerife para evitar más competencia sobre los hoteleros.
El reglamento será recurrido
El reglamento, que será recurrido por las asociaciones de alquiler vacacional una vez que entre en vigor, apenas aporta novedades, salvo deslocalizar la responsabilidad en detrimento de cabildos y ayuntamientos, que lo sujetarán al planeamiento.
Las asociaciones creen que la ley de Ordenación del Turismo y el decreto 142/2010 ya prohibían el alquiler vacacional en zonas turísticas, «por eso demandamos una adecuación a los nuevos hábitos turísticos, pero de nuevo el Gobierno nos da la espalda«.
El núcleo tinerfeño lo conforman, sobre todo, el viceconsejero de Turismo (proveniente del Cabildo y persona de confianza de Carlos Alonso), el presidente de la patronal Ashotel y lobbistas como Ricardo Fernández de la Puente, ex gerente de Ashotel.
La presión se ejerce no solo por la vía política sino por la económica a través de la empresa pública Promotur.
Desde hace casi 2 décadas, Promotur está dirigida por María Méndez, otro peso pesado del turismo tinerfeño.
Promotur gestiona unos 20 millones de euros en campañas publicitarias que visibilizan el mercado regional, destinos insulares y actividades de ocio vinculadas a empresas.
Promotur no suele divulgar la composición del consejo de administración. Dar con la información obliga a navegar durante varios minutos en una web institucional con nombre enrevesado: turismodeislascanarias.com.
El consejo está presidido por Isaac Castellano, que lleva menos de un año en el cargo, pero el cargo ejecutivo corresponde a Cristóbal de la Rosa, que ejerce de consejero delegado.
Las patronales de Tenerife, GC, Lanzarote y Fuerteventura cuentan con un vocal, al igual que Aena.
El consejero de Presidencia, José Miguel Barragán, pertenece al consejo de Promotur.
Según fuentes oficiosas consultadas por Espiral21, Ashotel persuadió a sus homólogos para excluir el debate sobre alquileres vacacionales de los consejos de Promotur.
Las asociaciones de alquileres vacacional no han sido invitadas a formar parte de Promotur y tampoco reciben subvenciones para promover Canarias entre las centrales de reserva en Internet.
