El Gobierno de Pedro Sánchez veta 1.200 millones de incrementos en las partidas presupuestarias que subvencionan el transporte aéreo entre Islas y de Canarias con la Península. La decisión del Ejecutivo y el conjunto de sus socios (Sumar, PNV, ERC y Junts) afecta por igual a Ceuta, Melilla y Baleares. El Gobierno desestima la enmienda del PP para mejorar las retribuciones de los años 2024 y 2025, apelando a derechos constitucionales.
El PP trataba de implementar aumentos en las asignaciones a los vuelos de los territorios no peninsulares. En base a esa petición, los conservadores introdujeron cambios en el procedimiento concerniente al Senado, sobre el Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 48/1960, de 21 de julio, y sobre Navegación Aérea, y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea (121/20).
En su trámite, el Ejecutivo ya fue advirtiendo de que la propuesta suponía un incremento de los créditos presupuestario. En ese sentido, el Gobierno comunicó al Senado, un criterio de disconformidad con la tramitación de la mencionada enmienda, que fue rechazado por la Mesa del Senado.
La Ponencia del Senado que informó el pasado 17 de junio de 2025 el citado Proyecto de Ley, a la vista de las enmiendas presentadas adoptó, entre otros, el
acuerdo de aceptar la enmienda número 8 del Grupo Parlamentario Popular. Posteriormente, el 19 de junio de 2025, la Comisión de Transportes y Movilidad
Sostenible del Senado, visto el informe emitido por la Ponencia acordó aprobar como Dictamen el texto propuesto por la misma, con la incorporación, entre otras, de la enmienda señalada.
El Pleno del Senado del 10 de septiembre de 2025 aprobó el Dictamen del Proyecto de Ley por la que se modificó la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, incorporando la citada modificación, de ahí que se contemplara la posible provisión la de un crédito extraordinario para la atención de obligaciones de los años 2024 y 2025 de la subvención al tráfico aéreo regular.
Según el Ejecutivo, la aprobación de esta enmienda supondría un incremento de gasto para la Administración General del Estado de 1.200 millones de euros.
Este crédito extraordinario afecta al programa 4410 «Subvenciones y Apoyo al Transporte Aéreo y, en concreto, a los conceptos 483 «Subvención al tráfico aéreo
regular» y 484 «Para satisfacer la subvención al tráfico aéreo regular. Ejercicios anteriores»: entre la Península y el Archipiélago Canario, así como entre las Islas Canarias; entre la Península y el Archipiélago Balear, así como entre las Islas Baleares; entre Ceuta, Melilla y el resto del territorio nacional.
«Por lo detallado anteriormente, se considera que la aprobación de esta enmienda, incorporada al texto del Proyecto de Ley por el Senado, es susceptible de producir en los Presupuestos Generales del Estado un incremento de los créditos presupuestarios, por lo que el Gobierno no presta la conformidad para su tramitación en el Congreso en virtud de lo establecido en el artículo 134.6 de la Constitución».
La inyección adicional iba a acabar en manos de la Dirección General de Aviación Civil para liquidar la deuda acumulada por el Ministerio de Transportes con las aerolíneas y atender los pagos en lo que resta de 2025. La propuesta partía del Grupo Popular y se había presentado en el Senado como enmienda al Proyecto de Ley de reforma de las leyes de Navegación Aérea y de Seguridad Aérea.
Desde la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) se lamenta el veto a una aportación económica que garantizaba “la conectividad aérea de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, cubriendo las subvenciones a los residentes de estas regiones adelantadas por las aerolíneas”. El colectivo que lidera Javier Gándara interpreta que “se vuelve a dar la espalda a los residentes de estas regiones”.
El Proyecto de Ley de reforma de las leyes de Navegación Aérea y de Seguridad Aérea, que se somete a aprobación definitiva en el Pleno del Congreso de este miércoles, sí prevé una dotación de 319 millones que se suma a los 560 millones contemplados en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados.
La demora en el pago de cientos de millones en subvenciones a los billetes aéreos de los residentes en Canarias y Baleares viene siendo un problema en manos de Transportes desde hace meses. Aerolíneas como Iberia, Binter, Air Europa, Vueling y Ryanair, líderes en este tráfico bonificado, tienen por cobrar unos 200 millones de 2024, desde una deuda inicial que la Asociación de Líneas Aéreas cifró en 810 millones de euros al cierre del ejercicio, y la cifra va a más en este 2025.
