Sánchez cede ante los soberanistas de Cataluña a costa del reparto solidario de la financiación autonómica, base para la cohesión entre regiones. La recaudación del IRPF pasa a manos de la política catalana. Nada volverá a ser igual a lo conocido hasta ahora en materia fiscal.
El Gobierno y la Generalitat tratan de disimular a la hora de dar forma a la financiación singular que sirvió para que ERC desatascara la investidura de Salvador Illa como presidente catalán. Ahora con el PSC al otro lado de la mesa, el Ejecutivo central ha pactado sacar de la caja común los impuestos de la autonomía, entre los que sobresale el IRPF, y llevará a la administración catalana a gestionar más de 25.000 millones de euros en impuestos.
Este lunes, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y los consejeros de la Generalitat Albert Dalmau (Presidencia) y Alícia Romero (Economía y Finanzas) iniciaron las condiciones del pacto fiscal, para el que todavía queda recorrido a ser formalizado. Hasta el momento que se modifique la ley, la gestión será compartida.
«Se trata de un acuerdo entre instituciones que permite hacer un cambio de paradigma muy importante en materia de financiación», celebró Dalmau en su comparecencia. «Pasamos de un modelo de gastos a uno de ingresos», comparó.
El pacto con Cataluña es extensible al resto de territorios españoles, que decidirían que grado de gestión de sus impuestos querrían para sus instituciones autonómicas. En el caso catalán, la Generalitat se decanta por recaudar y gestionar el 100% de los tributos generados en Cataluña, algo que podrían también hacer el resto de autonomías, aunque se deben acometer modificaciones legislativas.
El Gobierno central llevará su propuesta de financiación autonómica nacional después del verano al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Luego sería las cortes generales las que deberían avalar el modelo definitivo, lo que dificulta su aprobación definitiva vista la escasa mayoría del Ejecutivo.
«El Gobierno de España lo que garantiza está garantizando es que tenemos la voluntad de actualizar el sistema de financiación, algo que se debería haber hecho en 2014», recordó Ángel Víctor Torres, convertido en el representante de Pedro Sánchez en uno de los episodios más relevantes del actual mandato socialista.
La Comunidad de Madrid recurrirá la transferencia fiscal a Cataluña ante el Supremo y el Constitucional. Canarias de momento no ha tomado una decisión definitiva.
