Hace cinco años, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en su compromiso con la lucha para mitigar los efectos emisiones de carbono, puso en marcha un plan de forestación para incrementar la masa arbórea y mejorar la calidad de vida de los barrios. El objetivo pasa por plantar, como mínimo, 2.000 árboles repartidos por toda la ciudad. En el transcurso de los años siguientes, el municipio estaría poblado con unas 10.000 unidades más.
Pasado el tiempo, la iniciativa, sufragada con fondos europeos (una estimación de casi 5 millones de euros), ha quedado en nada o casi nada. Y lo que es más sorprendente, poco se sabe de aquella arboleda perdida, que diría el poemario de Rafael Alberti.
Han sido muchos años de vigencia socialista sin que la oposición haya dicho esta boca es mía; ni siquiera los recién llegados tras las elecciones de 2023. La reforestación de la capital es un tabú como la copa de un pino, nunca mejor dicho. Las partidas presupuestarias destinadas a la plantación se renuevan cada año y a, ojo de la ciudadanía, no hay manera de que prime la transparencia y fructifique la información sobre el destino del dinero público.
