Pánico laboral en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por la precariedad de 800 interinos que están abocados, después de 20 años encadenando contratos, a someterse a pruebas de selección que les pueden llevar a perder el empleo, según fuentes sindicales consultada por Espiral21.
El presidente del comité de empresa de los 800 internos, Guillermo Martínez, de Intersindical Canaria, acusa a la gerente de la Universidad, Eulalia Gil, de «implantar un diálogo de misión imposible«, en referencia a la película de Tom Cruise.
Martínez está a punto de ser relevado como liberado sindical y, en las últimas semanas, ha intensificado las negociaciones con la dirección universitaria para evaluar cuál es el horizonte de las oposiciones libres que prepara el rector, Rafael Robaina, para 2018.
La plantilla de la ULPGC la componen unos 3.000 empleados, de los que 800 pertenecen al rango de interinos.
Sobre los interinos no solo pesa el riesgo a quedarse sin trabajo, sino que sufren desde hace más de una década discriminación salarial al desarrollar actividades laborales por encima de su categoría.
Los 800 interinos perciben una media de 200 euros al mes por debajo de sus funciones, lo que se traduce en un ahorro anual de casi 2 millones de euros.
Según fuentes próximas al rectorado, la Universidad trata de acatar el convenio firmado entre el ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con los sindicatos universitarios para reducir al 8% la tasa de interinos.
Mientras en la Universidad de La Laguna, el porcentaje de interinos oscila entre el 10% y el 12%, en Las Palmas roza el 26%, más del doble.
Las oposiciones (OPE) se prevén libres, según Guillermo Martínez, sin que se reconozcan los derechos laborales de los interinos.
El comité de empresa está formado por UGT, CCOO e Intersindical Canaria.
Las últimas amortizaciones de plazas para interinos se cerraron hace 21 años.
Guillermo Martínez hace hincapié, en una carta remitida a los trabajadores, que Eulalia Gil cumple a rajatabla los postulados de la Consejería de Educación del Gobierno de Fernando Clavijo y del propio rectorado para reducir a la mínima expresión el volumen de interinos, con el fin de rebajar el gasto público.
Una parte de los trabajadores ya ha iniciado acciones judiciales, a título particular, en las vías contenciosa y laboral para defender los derechos adquiridos.
