Ana Oramas. (Foto Twitter Congreso).

La diputada de Coalición Canaria-PNC en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, reclamó esta semana al Estado acciones “urgentes” tanto de la ministra de Turismo, Trabajo y Exteriores ante la situación “alarmante y preocupante” que vive Canarias en materia de inmigración, empleo y turismo. “A Canarias se le acaba el tiempo”, advirtió la diputada nacionalista quien aseguró que “el Gobierno debe actuar ya” con propuestas “serias” para evitar “que el hambre y la miseria de la que advertimos hace meses se convierta, como ya estamos viendo, en una realidad”.

Oramas, que intervino en la Diputación Permanente, se anticipó en varios días al pronunciamiento del Estado para aceptar la prórroga de los expedientes de regulación de empleo hasta final de año en los sectores más sensibles a la crisis, como el turismo.

Oramas detalló las peticiones de acciones en materia turística, de trabajo y de inmigración que “durante meses los nacionalistas hemos advertido de la situación que estamos viviendo en las Islas y hemos reclamado actuaciones” y “se han dejado pasar las semanas y los meses sin tomar decisiones” y, ahora mismo, “ya no nos queda tiempo”. “Tiene que ser una prioridad para el Gobierno de España”, agregó la diputada, “salvar la situación de Turística y reconducir la situación de atención a los migrantes que llegan a Canarias”, agregó.

En materia turística, la diputada recordó que desde hace meses se pidieron PCR en origen para los visitantes en Canarias “y pedimos que se hablara con los principales países emisores de turistas y no se hizo nada” y ahora, “mienten y dicen que la decisión depende de Europa y que no se puede hacer nada cuando Madeira, territorio europeo y región ultraperiférica como Canarias, lleva todo el verano haciendo PCR en entrada sin problema”.

“Es más”, añadió la diputada canaria, “los empresarios canarios se han mostrado dispuestos a pagar los PCR de salida” ante el silencio del Gobierno “que no es consciente de que Canarias se está jugando con el empleo de los canarios y la supervivencia de todo un sector porque no hay disposición a pagar los 50 millones que valdrían las pruebas”.

En este sentido, la diputada exigió que las ministras de Turismo y Exteriores “prioricen Canarias” e inicien una ronda de contactos con los principales países emisores de turistas en una estrategia coordinada para salvar el turismo en las islas. “Que además se permitan realizar PCR en aeropuertos canarios tal y como están haciendo otros territorios europeos” señaló Oramas quien se preguntó que “o es que Canarias es menos que Madeira o que las islas griegas que sí han aplicado medidas” y agregó “igual la respuesta es que Madeira y las islas griegas, a diferencia de Canarias, sí son una prioridad para sus Estados”.

Ángel Víctor Torres, con la ministra Yolanda Díaz, en Canarias.

Prórroga de los Ertes en turismo

Tras la comparecencia de Oramas, el Gobierno reafirmó a través de algunas de sus ministras su idea de continuar a partir de septiembre con la aplicación de los Erte con los criterios actuales de protección de empleo solo en los sectores más dañados por el coronavirus, como el turismo.

Nadia Calviño, de Economía, asegura que se buscará de nuevo el acuerdo con los agentes sociales en las conversaciones que se abrirán en los próximos días, pero «tenemos que pensar si a partir de septiembre hay que continuarlo en algunos sectores más afectados, e irlo transformándolo en un instrumento de reacción y protección de choque de corto plazo, a uno con características más parecidas a las de Alemania, un instrumento que fomente que se invierta en formación de los trabajadores, que sea una oportunidad de recualificación del trabajador y no solo de mantenimiento o hibernación de la economía«.

Yolanda Díaz, de Trabajo, añadió que de los 3,4 millones de trabajadores que se acogieron a Erte solo quedan unos 700.000 y «los tenemos localizados en sectores concretos, por lo que no tendría sentido prorrogar» la medida de los ERTE con carácter general para el conjunto de la economía, aunque subraya que su departamento no encara con «líneas rojas» las nuevas conversaciones con patronal y sindicatos.