«Pues sí que nos ha salido cara la broma«, exclamaba esta semana un conocido consultor al conocer el acuerdo del Gobierno de Fernando Clavijo con las empresas alojativas de las Islas.
El sueño mesiánico de Román Rodríguez en 2001, cuando dio el salto a la presidencia regional por la carámbola de un pulso entre Lorenzo Olarte, Adán Martín y José Carlos Mauricio, le supone un quebranto a las arcas públicas de 500 millones de euros. La Consejería de Hacienda ya está pagando parte de los derechos indemnizatorios sin que haya publicado en el Boletín Oficial los destinatarios y el monto económico.
En 2001, la fiebre constructora desatada por los ayuntamientos para promove el desarrollo económico de Canarias, se truncó de la noche a la mañana por los acuerdos bajo mesa entre Román Rodríguez y Adán Martín. Aprobaron una moratoria hotelera que, según fuentes del sector alojativo, «ha sido desfavorable» en islas como Gran Canaria y Fuerteventura, «y tremendamente beneficioso en Tenerife».
La isla picuda se adaptó antes que el resto del Archipiélago a la nueva realidad regulatoria basada en moratorias, directrices y litigios judiciales. En Tenerife, cabildos, ayuntamientos y patronales fijaron un rumbo que le ha permitido a la económia insular disfrutar del liderazgo en visitantes (2 millones de turistas más que Gran Canaria) y en número de camas.
En 10 años, Tenerife ha doblado su planta hotelera hasta llegar casi a 100.000 unidades. Gran Canaria, en cambio, se queda, a duras penas, por debajo de las 70.000. Fuerteventura, por su parte, se estanca el eje de los dos polos Norte (Corralejo) y Sur (Morro), con 53.000 camas mientras que Lanzarote tampoco está para tirar voladores, con 38.000 plazas.
Gran Canaria, encima, ha sufrido en el último año un duro revés con la paralización vía judicial del planeamiento territorial que, si bien reconoce las parcelas urbanas desafectadas por la moratoria, tendrá que esperar al próximo mandato política para conocer las nuevas reglas de juego.
En paralelo, la prohibición de Román Rodríguez (pactada, según fuentes del PP, para frenar la expansión canariona y majorera), ha permitido que se cumpla la máxima de la economía: el mercado, como la vida y la verdad, siempre se abre paso.
En este sentido, las viviendas vacacionales (VV) han llegado para quedarse. A nivel regional se colocan por encima de los apartamentos y bungalows, según datos del Instituto de Estadística que dirige Sergio Alonso. En Canarias operan unas 550.000 camas turísticas, de las que 250.000 corresponden al segmento hotelero y 215.000 a VV, muy por encima de los 100.000 apartamentos y bungalows, de los que 80.000 se ubican en el Sur de Gran Canaria.
En Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, las VV ya han desplazado a los hoteles en cuanto a cantidad: 10.000 camas vacacionales por 7.200 hoteleras.
