Hacienda oculta recortes severos en el presupuesto ante el enfado del Gobierno canario.
El fisco canario trata de raspar más de mil millones de euros a base de detraer fondos de la inversión y sectores productivos y se suprimen todas las partidas superfluas.
Los recortes afectan a todos los departamentos excepto a Sanidad y a Empleo, que concentrarán en 2020 el 90% de los gastos del Ejecutivo, según los borradores que maneja el vicepresidente y consejero, Román Rodríguez.
En los 2 últimos consejos de Gobierno, Román Rodríguez ha soportado airadas respuestas del gabinete cada vez que sale a relucir la revisión de las cuentas para atender la crisis sanitaria del coronavirus y la parálisis de la economía.
Los funcionarios de Hacienda han elaborado varios diseños, que van desde el presupuesto cero a un tijeretazo de órdago que dejará sin capacidad financiera a todos los organismos (excepto el Servicio Canario de Empleo y el de Salud), empresas, agencias, institutos, fundaciones, entes y consorcios.
Hacienda también ha puesto sobre la mesa la movilidad funcional de empleados públicos, otro de los tabúes que el ala más conservadora del Gobierno (Vivienda o Transición Ecológica) no admite en medio de la depresión económica más grave en un siglo.
La opción del ‘presupuesto cero’ sería la más heterodoxa porque significa vaciar de contenido todas las áreas del Gobierno, de manera que los objetivos asumidos por las Consejerías, como subvenciones o inversión productiva, quedarían suspendidos desde el minuto uno de su aprobación.
El equipo de Román Rodríguez ha elevado al presidente, Ángel Víctor Torres, que «aleccione» cuanto antes a las consejerías, para así «estar preparados» si el Estado autoriza el uso del superávit de la Comunidad autónoma y transfiere los fondos pendientes, como carreteras, plan de empleo o programas lucha contra la pobreza.
Torres ya avanzó, al inicio de la cuarentena, que los ayuntamientos y cabildos «deben olvidarse de rotondas y carreteras» y volcarse de forma específica en el empleo, la vulnerabilidad social y la sanidad.
Pero las administraciones locales ni siquiera han abordado la revisión del presupuesto, a expensas de la decisión que tome el Gobierno. Román Rodríguez ya ha avisado que la situación es «de tal emergencia que el tiempo corre en contra«, según fuentes de Hacienda consultadas por este periódico.
Hacienda ha elevado el tono ideológico dentro del Gobierno con el fin de persuadir a Madrid. Para evitar desgastes con el PSOE, el vicepresidente ha visto con buenos ojos las advertencias de Nueva Canarias.
El diputado regional Luis Campos insistió en subrayar la importancia de que el jefe del Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez, autorice el uso del superávit y el endeudamiento a largo plazo a los tres niveles administrativos de las islas, así como el establecimiento de un plan singular para la Comunidad autónoma, cuyo tejido productivo y riqueza «resultará muy dañada por el cierre total de su principal industria, el sector turístico«.
Los borradores de Hacienda cuentan, a priori, con la ficha del superávit (unos 500 millones de euros) y con un endeudamiento público por encima del 15% del Producto Interior Bruto (PIB), en torno a 6.000 millones de euros.
Canarias había previsto para 2020 un crecimiento del 1,3% del PIB y, en base a esa perspectiva, planificó un presupuesto de 9.600 millones de euros, de los que 1.600 millones corresponden a vencimientos de pago a los bancos.
Esas variables se han desfondado. La economía se contraerá a niveles estratoféricos, con caídas del 20% por el vaciado turístico, según previsiones empresariales, frente al -8% de crecimiento negativo previsto por el Fondo Monetario para España.
Los ingresos del IGIC bajarán, como mínimo, un 66%, según Román Rodríguez. Y según el presidente, en los próximos trimestres, Canarias dejará de ingresar 1.300 millones de euros.
El estrecho margen de Canarias impide desarrollar una gestión normal, de ahí que la revisión «sea de calado«.
Coalición Canaria, por ejemplo, cifró en 2.500 millones de euros el programa anticrisis, pero en el Gobierno se tiene la sospecha que las asignaciones al sector privado y público «serán mucho mayores«.
Hacienda trata de no bajar el presupuesto de 8.000 millones de euros (gastos no financieros) para 2020, pero centrando casi todo en Sanidad y Empleo.
Las partidas afectadas ocupa un largo listado en el cribado propuesto.
Se caerían del presupuesto los objetivos de desarrollo sostenible y las ayudas al tercer sector, transición ecológica, oficinas en el exterior, Agenda 2030, I+D, Canarias Aporta, emprendeduría, programas de becas y doctorados universitarios, Mujeres de África, Internacionalización y Digitalización o Brexit.
La inversión productiva se reoirentaría hacia planes de empleo y pobreza, detrayendo los fondos de carreteras (500 millones), infraestructuras del ámbito hidráulico (20 millones), educativo (42 millones), riego (8 millones) y turismo (15 millones).
Las subvenciones a sectores productivos también se verían mermados en beneficio del empleo y la sanidad, como I+D+i (50 millones), Industria (38 millones), Promoción Económica (32 millones), Turismo (72 millones) y Transición Ecológica (15 millones).
Las acciones superfluas de organismos, empresas, entes, consorcios, institutos, fundaciones y agencias quedan suspendidas o experimentarán recortes superiores al 70%.
Las nóminas de los 60.000 trabajadores públicos se mantienen en su integridad pese a que ocupan más del 50% del presupuesto regional.
