Gobierno de Canarias descabella, en un abrir y cerrar de ojos, el Siam Park, el sueño irrealizable en Gran Canaria del empresario alemán Wolfang Kiessling.
La decisión trascendió este lunes, 7 de septiembre, el mismo día en el que Kiessling, nacido en Gera, en la región de Turingia, colindante con Sajonia-Anhalt (donde el partido Afd arrasó en los comicios de este domingo), cumple 90 años de edad.
El golpetazo del Ejecutivo a Kiessling (uno de los intocables de la economía local), se cimenta a través del Peinca, el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones, vigente desde 2018, el tercer año del primer mandato del presidente Fernando Clavijo.
El destino institucional del mercado ha querido que, de nuevo, Clavijo sea protagonista directo, junto al consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, del cambio de reglas para autorizar la edificación de un parque que comenzó su andadura burocrática hace una década con un coste previsto de 150 millones de euros al incluir un hotel de 300 camas.
El expediente se encontraba, hasta este lunes, en fase de evaluación ambiental, pero las modificaciones del Gobierno en las regulaciones que rodean los planes territoriales por amenazas naturales va camino de llevarse por delante todo el proyecto, según fuentes técnicas de la Administración conocedoras de los detalles del proceso consultadas por este periódico.
El Ejecutivo procedió en el Consejo de Gobierno de la última semana de agosto (en plenas vacaciones estivales) a ampliar el listado del Anexo III-Evaluación de Riesgos, que en la práctica se vuelve más exigente con las eventualidades de la Naturaleza después de las catástrofes de Valencia (Dana) o Nepal (derrumbe de un glaciar), donde fallecieron cientos de personas.
El Decreto gubernamental reconoce estar ante un instrumento como el Peinca, «necesario para hacer frente al riesgo de inundaciones en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, con el objetivo de garantizar la plena integración de los diferentes planes de protección civil de ámbito inferior, y permitiendo su propia integración en el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca)», según el texto oficial.
El valor del Peinca es de tal magnitud que el Gobierno precisa su esencia reguladora para que no haya duda. «Garantiza la movilización de los recursos humanos y materiales necesarios para la protección de las personas y de los bienes en caso de emergencia».
De este modo, Política Terriorial evaluó con precisión la gestión de riesgos de inundación, a los que se añaden «los planes de protección civil integrados a los mapas de peligrosidad y riesgo y al contenido de los planes de gestión de riesgo de inundación (Pgri)». Por lo tanto, «al haberse aprobado los planes de gestión del riesgo de inundación de segundo ciclo de las demarcaciones hidrográficas de las islas, es necesaria la actualización del listado de las Arpsi (Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación) por isla, una a una».
La Consejería recuerda, con énfasis (de cara a recursos que pueda plantear el grupo inversor), que el nuevo protocolo «goza de la naturaleza jurídica propia de los planes de Protección Civil, y no de una norma de carácter general elaborada en materia de Protección Civil». Antes de su traslado al Consejo de Gobierno, el 31 de agosto, el protocolo recibió el informe favorable de la Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias.
Crecidas de agua
Por vez primera en una década, el Gobierno recoge las protestas y reinvidicaciones de los ecologistas, sobre todo, de Turcón, que avisaron por activa y por pasivo sobre las potenciales inundaciones. La Consejería lo puntualiza: «Las llamadas Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación engloban la mayor parte del riesgo potencial del territorio asociado a los episodios de inundación de origen pluvial, fluvial y marino, tanto en lo relativo a posibles pérdidas de vidas humanas y de animales como en lo referente a daños económicos y a la afección del medio ambiente».
En este sentido, el Gobierno se rearma para que la prevención sea un concepto redundante e irrenunciable al advertir que, a partir de ahora, deberá llevarse a cabo «la selección y el diseño de las medidas más eficaces y sostenibles para la mitigación de los efectos adversos de las inundaciones, tanto estructurales como no estructurales», lo que traduce en «requerir un detallado conocimiento del entorno, lo que implica el desarrollo de los trabajos topográficos, hidrológicos, hidráulicos y geomorfológicos
necesarios para la elaboración de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación».
Para Política Territorial, cobra todo sentido institucional y político estar alerta ante «los mapas de peligrosidad que comprenden la delimitación gráfica de la superficie anegada por las aguas para la ocurrencia de avenidas en periodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 años, valores que, a efectos de representación superficial en los mapas de peligrosidad se han convenido como referencia para los eventos de alta, media y baja probabilidad de inundación, respectivamente, acompañada de la estimación de las variables que caracterizan el efecto potencial adverso de las crecidas, como son el calado y la velocidad de la corriente, permite establecer el grado de exposición al fenómeno de las distintas partes del territorio».
Con todo este volumen de referencias normativas, el Gobierno procedió a referir el barranco del Veril como «inundable», sin importar que en ese cauce figura el proyecto de la compañía Kiessling sobre una superficie de 185.000 metros cuadrados.
Asimismo, y en base a los planes de gestión del riesgo de inundación de segundo ciclo de las demarcaciones hidrográficas de las islas, el listado para Gran Canaria es el que figura a continuación (punto 3, Inundaciones marítimo-costeras). En la actualización de este Anexo III se eliminan los correspondientes Pgri de las Arpsi de origen costeros de Puerto Tahíche y Pedro Barba en Lanzarote, Playa de Melenara, Pasito Blanco, Balito, Puerto Rico y Caleta de Soria en Gran Canaria, así como San Miguel de Tajao y Los Gigantes en Tenerife. Además, se ha añadido la ampliación de la Arpsi de origen fluvial del Barranco de San Sebastián de La Gomera.
TURCÓN TENÍA RAZÓN
El colectivo Turcón Ecologistas en Acción rechazó desde el principio la construcción del Siam Park en El Veril, en San Bartolomé de Tirajana, «por el alto riesgo de inundaciones y el gran consumo de agua».
«El parque acuático se planea en la desembocadura de varios barrancos, con un peligro real en caso de lluvias fuertes».
Según Turcón, el proyecto de Kiesling consumiría más de 3.000 metros cúbicos de agua al día. «Esta cantidad equivale al gasto de más de 20.000 personas en una zona con escasez de agua. Desde Turcón Ecologistas en Acción siempre hemos exigido el máximo rigor legal y técnico para proteger el entorno natural del barranco».
