Por J.S. Mujica
#Gran Canaria se deja en el camino 30.000 camas. El vendaval sobre las zonas turísticas, las restricciones de suelo y los reparos políticos para autorizar nuevos proyectos hoteleros, colocan a la isla redonda en una posición de desventaja competitiva. Así y todo, Maspalomas acredita su potencial como la número uno de Canarias en pernoctaciones.
La pérdida de fuelle turístico coincide con el cambio de paradigma en la economía mundial iniciado en 2001 con el derribo de las Torres Gemelas a manos de Al Qaeda.
El miedo a sufrir un percance cambió la prioridad de los consumidores europeos, que apostaron desde entonces por destinos seguros avalados por la conectividad con ciudades de origen, como es el caso de Canarias.
La ola de atentados posteriores en países en desarrollo como Túnez, Egipto o Turquía, acabó por convencer a los grandes turoperadores para fidelizar camas por encima de cualquier estrategia comercial si querían continuar en el mercado.
Desde hace 10 años, más o menos, las compañías europeas y las cadenas hoteleras despuntan en aquellos territorios donde hay facilidades para implantar nuevas plazas.
Asia es el símbolo de ese nuevo escaparate para grupos españoles como Riu, Iberostar, Meliá o Barceló, tal y como se expresó en Fitur.
Estas empresas buscan también asentarse de forma acelerada en Canarias, pero la inseguridad jurídica o la escasa oferta de suelo han retraído sus planes de inversión.
En este contexto, #GC es la más perjudicada, debido a su singularidad alojativa.
La isla redonda presenta más oferta de bungalows y apartamentos (70.000) que hoteles (63.000 unidades) a raíz de los planes de ordenación y directrices del territorio que han frenado el desarrollo hotelero.
En una década, se ha dejado en el camino unas 30.000 camas, según cálculos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
La coyuntura se complica en un «contexto de mucha competencia donde los grandes del negocio no esperan«, según fuentes empresariales.
De puertas adentro, además, los turoperadores y cadenas hoteleros mantienen una dura pugna, por un lado, con minoritarios de bungalows y apartamentos que apelan al derecho de propiedad, y por otro, con los gestores de alquiler vacacional, que anhelan legítimamente participar en el negocio turístico.
Los minoritarios crearon el pasado año la plataforma contra la Ley Turística, de 2013, cuyo reglamento consolida su exclusión de los complejos salvo que los cedan como unidad de explotación.
La plataforma ha presentado alegaciones al Plan General de San Bartolomé y cuentan con el apoyo firme de Podemos dentro del Ayuntamiento sureño y el Cabildo #GC. Defienden, entre otros objetivos, mantenerse en sus inmuebles.
La Ley, promulgada por la Comunidad autónoma con remisiones a otras normas que arrancan en 1995, impide la convivencia entre privados y visitantes en áreas declaradas como zonas turísticas.
Sus detractores opinan que existe un plan no escrito por las grandes cadenas para asumir las camas extrahoteleras a precios irrisorios.
En la actualidad, la rentas mensuales que pagan los turoperadores cotizan a tasas de 1985, con precios entre 180 y 250 euros, sobre todo, en Playa del Inglés, Puerto Rico y San Agustín.
Los partidarios de la Ley, en cambio, opinan que lo está en juego es el futuro turístico de la isla. «Muchas camas han salido del mercado. Los turoperadores se van a otros destinos si no encuentran aquí negocios«.
El presidente cabildicio, Antonio Morales, se niega a autorizar nuevas camas salvo las que disponen de derechos urbanísticos, que suman entre 7.000 y 8.000 plazas.
Según las perspectivas actuales, Tenerife acabará con 5 millones de turistas en un periodo corto, mientras que Gran Canaria le costará llegar a 3,5 millones.
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