La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) celebra la aprobación del anteproyecto de la ley reguladora del derecho al secreto profesional anunciada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras el Consejo de Ministros. Con esta ley, que tendrá su desarrollo parlamentario, se pretende “proteger el trabajo de los profesionales de la información incluyendo el secreto de sus fuentes y comunicaciones”.
El secreto profesional es un precepto que ya se recoge en la Constitución Española en su artículo 20 y ahora contará con una protección legal, además de incorporar reglas internacionales recogidas en el Reglamento sobre Libertad de Medios de Comunicación (EMFA) desarrollado para la Unión Europea.
La normativa, además de establecer quiénes son los titulares de este derecho (profesionales de la información, prestadores de servicios de medios de comunicación y su personal editorial y aquellas personas que por su relación con profesionales de la información tuvieran información que pudiera identificar las fuentes). También incluye dos límites al ejercicio que podrán ser establecidos por jueces o tribunales.
La FAPE considera que es una «buena noticia» para garantizar la libertad de prensa y el libre ejercicio del periodismo en tanto en cuanto reconoce un derecho que recoge la Constitución como pilar fundamental para el pluralismo informativo y la democracia, cuestiones que desde la Federación se venía pidiendo desde hace tiempo.
La Federación, que ha colaborado con aportaciones para la elaboración del anteproyecto junto a sindicatos de periodistas, quiere destacar también la importancia que tiene el respeto a las fuentes como garantía para asegurar la información veraz, así como el deber que tienen los periodistas de cumplir las normas de convivencia democráticas a la hora de ejercer su profesión.
Con el secreto profesional se cumplen los dos preceptos profesionales del artículo 20, ya que también la Constitución hace referencia a la cláusula de conciencia de los periodistas, ya regulada en su día.
La norma regula, en esencia, en qué consiste el secreto profesional, que comprende la facultad de no revelar las fuentes, el canal a través del que se transmitió la información ni cualquier otro dato que pueda identificar a la fuente. Los jueces y tribunales sólo podrán ordenar la práctica de diligencias para identificarla cuando exista un daño grave e inminente que afecte a la vida, a la integridad física o a la seguridad de alguna persona o cuando haya un riesgo grave e inminente para la seguridad nacional o para el sistema constitucional. También podrán autorizar la instalación de programas de vigilancia informática en los dispositivos de los titulares de esos derechos, pero limitándolo a investigaciones sobre delitos de especial gravedad.
Bolaños ha añadido que el anteproyecto prevé facilitar la implementación de mecanismos de autorregulación de los profesionales de la información, como pueden ser los códigos deontológicos o de buenas prácticas.
Información clasificada
Por otro lado, el Consejo de Ministros remite a las Cortes del Proyecto de Ley de Información Clasificada para su tramitación parlamentaria, norma que sustituirá a la preconstitucional Ley de Secretos Oficiales de 1968.
La futura ley fue presentada en el Consejo de Ministros del 1 de agosto de 2022 y, tras la celebración de las elecciones generales del 23 de junio de 2023, ha sido retomada con los correspondientes informes preceptivos, entre los que el ministro ha resaltado el emitido por el Consejo de Estado por unanimidad, y atendiendo las recomendaciones de la Comisión Europea.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha resaltado que la norma «nos homologa a las democracias más avanzadas y responde al derecho que tienen los ciudadanos a conocer información sensible, siempre que no afecte a la seguridad y a la defensa».
La futura ley define que información clasificada es «toda aquella información cuya revelación no autorizada o utilización indebida pueda suponer una amenaza o un perjuicio para la seguridad nacional o la defensa». Y establece cuatro categorías de clasificación: alto secreto, secreto, confidencial y restringida.
A cada una de ellas le asigna un nivel de protección diferente en función del peligro que puede suponer para la seguridad o la defensa nacional su revelación no autorizada o su utilización indebida.
El titular de Presidencia ha detallado que la competencia para clasificar y desclasificar como alto secreto y secreto cualquier documento corresponde única y exclusivamente al Consejo de Ministros. La declaración de documentación confidencial o restringida se reduce a un número tasado de autoridades: el presidente del Gobierno, los titulares de las vicepresidencias, los ministros, el secretario de Estado de Seguridad, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la directora del CNI, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio y el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada.
La ley desarrolla procedimientos garantistas para clasificar, desclasificar y reclasificar cualquier información o documento. Así, cualquier ciudadano que tenga un interés personal o profesional, como los periodistas, podrán recurrir la clasificación de un documento y la Sala Tercera del Tribunal Supremo resolverá el pleito.
Bolaños ha subrayado que «la clasificación de una información será algo siempre excepcional y ha de hacerse de manera motivada y atendiendo a criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad». Como novedad, el ministro ha avanzado que «en ningún caso se podrá clasificar información o documentación que afecte a graves violaciones de derechos humanos o a crímenes de lesa humanidad».
Otra de las novedades resaltadas por el ministro es que por primera vez en la historia de España se establece la desclasificación automática trascurridos unos plazos que dependen del nivel de protección de los asuntos.
El contenido que se considere de alto secreto se desclasificará a los 45 años y se podrá prorrogar durante 15 más; el secreto a los 35 años, con una prórroga de hasta 10. La información clasificada como confidencial se desclasificará entre los 7 y los 9 años, y la restringida entre los 4 y los 5, ambas sin posibilidad prórroga. Estos plazos, según ha apuntado el ministro, serán revisables periódicamente para comprobar si esa documentación sigue afectando a la defensa o a la seguridad nacional. Además, la clasificación se puede vincular a un hecho determinado, como la finalización de un determinado evento, conflicto bélico o el fallecimiento de una persona.
En cuanto a la información clasificada antes de la entrada en vigor de esta ley, se desclasificará automáticamente a los 45 años, salvo que persista alguna razón de seguridad nacional o defensa que todavía justifique su clasificación. Con independencia de ello, cualquier persona con interés personal o profesional podrá instar a la desclasificación, que se irá haciendo de forma paulatina.
2,5 millones de sanción
Por otra parte, la ley establece sanciones en el caso de acceso indebido o difusión de información clasificada, que van desde los 300.000 euros en las infracciones menos graves, de 300.001 a 800.000 en las graves y de 800.001 a 2,5 millones de euros en las que supongan amenaza para la defensa y la seguridad nacional.
La Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada será el órgano encargado de la protección y el tratamiento de toda la información de origen nacional, salvo la restringida, y de la que provenga de otros Estados u organizaciones internacionales. Además, valorará la idoneidad de las personas que deben tener acceso a la información y regulará el acceso parlamentario.
