Europa obliga a Inspección Fronteriza a investigar miles de contenedores de alimentos que llegan a Canarias.
La presión sobre la aduana canaria afecta a los puntos de inspección de los puertos de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, que concentran todo el grueso de la mercancía y bienes que importa Canarias con destino al consumo de residentes y turistas.
En los puntos de inspección fronteriza (conocidos como PIF) se agrupan los servicios de calidad y etiquetado (Soivre) y los de sanidad veterinaria, sanidad exterior y sanidad vegetal.
La patronal Asinca (Industriales) y los operadores de la importación ven «imposible» cumplir a rajatabla la normativa europea, en vigor desde antes del verano de 2018, por la falta de recursos humanos y materiales de la Administración.
La Delegación del Gobierno en las Islas está sobre el asunto y trata a marchas forzadas de solicitar más funcionarios.
De inspeccionar menos de un 10% de los contenedores procedentes de terceros países se ha pasado a un tercio de la mercancía. «Canarias es un continente en miniatura, con un escaparate comercial pequeño en comparación con la Europa continental. Bruselas legisló para grandes ciudades y grandes plataformas y se olvidó de acotar territorios singulares como Canarias«, explican con frustración fuentes empresariales.
Carnes, pescados, café, cacao o leche en polvo son algunos de los productos más sensibles.
En los PIF de Las Palmas y Tenerife el personal se ha reducido en más de un 50% ante las jubilaciones y traslados del personal cualificado.
La tasa de reposición de los funcionarios no se ha cumplido por Canarias debido a restricciones presupuestarias de los diferentes ministerios que interactúan en los PIF, como Economía, Hacienda, Comercio o Sanidad.
Desde el Gobierno canario también se ha observado las quejas de los empresarios aunque una fuente oficial recuerda que la presencia autonómica se limita al cobro de impuestos, como el Aiem o el Igic.
Los empresarios lamentan que Bruselas «no diera un periodo de transición» hasta que Canarias no cubriera sus necesidades de personal.
Las empresas están soportando sobrecostes inesperados por el almacenamiento de los contenedores en las cámaras frío hasta 72 horas por encima del tiempo estimado. «Es una sangría«.
La previsión de los operadores es incorporar parte de los costes a la cadena de consumo. «De lo contrario, dejaríamos de ser competitivos«.
Los partidos políticos presentes en el Parlamento trasladan al Ejecutivo canario y a la Delegación del Gobierno la «urgencia» de dar un solución al problema de las inspecciones «con más personal».
Desde la Administración se advierte que las nuevas contrataciones se demorarán al menos 5 meses.
La normativa comunitaria es de aplicación general para toda Europa, pero en Canarias se agrava al coincidir con los controles sobre el Régimen Específico de Abastecimiento (REA), que incluye importaciones desde el continente europeo y de terceros países.
El REA se implantó en 1991 para paliar el coste de la cesta de la compra por lejanía y doble insularidad.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Juan José Cardona, trata de montar un nuevo PIF en el muelle de Cambulloneros, en las plataformas excedentarias de la patronal Fedex, tal y como adelantó Espiral21.
Así y todo, las obras de reconversión de Fedex tardarían un año.
Los controles de mercancía en la Península son más flexibles en la Península que en Canarias.
Las Palmas tarda más tiempo en revisar los alimentos que Santa Cruz Tenerife como consecuencia de que sus instalaciones están obsoletas.
