España pasa a controlar luz, gas y petróleo, 3 actividades con presencia de multinacionales en sus accionariados. Ahora, con el Estado de Alarma, el Gobierno el poder, no conocido en Democracia, para controlar los suministros de luz, gas y petróleo.
El real decreto publicado en el BOE, por el que se declara el estado de alarma nacional en España para frenar al coronavirus, da al Gobierno amplios poderes sobre las empresas energéticas, entre ellas las petroleras (Repsol y Cepsa), eléctricas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) y operadores de infraestructuras (Red Eléctrica y Enagás).
Todos son sectores críticas para la seguridad nacional. El Gobierno vigilará de cerca su funcionamiento y que no aprovechen la situación para tensionar precios.
El real decreto no permite la nacionalización de las empresas, pero sí abre la puerta a una eventual intervención estatal de toda su operativa. El Estado podría tomar los mandos de esas empresas, fijar precios de luz y gas, decidir la distribución de las reservas estratégicas de petróleo y gas, racionar la dispensa de combustibles en gasolineras, y eliminar las subvenciones de las renovables, entre otras cosas.
Los precios de la luz, por ejemplo, siempre han enfrentado a las compañías con el Gobierno. En diciembre de 2013, el anterior Gobierno del PP llegó a intervenir el mercado ante la escalada de precios.
El ex ministro de Industria, José Manuel Soria, llegó a acusar a las eléctricas de una «burda manipulación» del mercado. El fin de semana del 14 de marzo de 2020, los precios de generación en España eran los más altos de Europa.
Una de las decisiones que puede adoptar el Gobierno con el estado de alarma en el sector energético es limitar el sistema de retribución de las renovables, las denominadas primas, o subvenciones que reciben esas instalaciones.
