Crisis económica enturbia los presupuestos canarios para 2020.
La riqueza de las Islas decrecerá entre un 1,3% y un 1,7% en función los reajustes de la Unión Europea, el consumo interno de los residentes y el gasto de turístico.
Las 3 variables amenazan con ralentizarse, lo que obliga al equipo de Hacienda de Román Rodríguez a elaborar unas cuentas «a ciegas«, según fuentes gubernamentales.
El Gobierno de Ángel Víctor Torres y la oposición (CC y PP) se resisten, en los debates parlamentarios, a asomarse a escenarios de recesión o desaceleración aguda de la economía, pero la realidad se va imponiendo poco a poco.
Bruselas, por ejemplo, que es una de las principales instituciones que aporta cuantiosos fondos al presupuesto autonómico (la Agenda Europea con Canarias supera los 2.200 millones de euros), ha puesto en revisión toda su ficha financiera como consecuencia del Brexit.
Reino Unido transfiere cada año unos 15.000 millones a la contabilidad de la Comisión Europea, hasta alcanzar los 105.000 millones que se reparten entre los 27 Estados.
Pero una salida abrupta de Londres trastocaría las cuentas generales y, por extensión, las regiones rup (como Canarias) entrarían en el tijeretazo global.
A la incertidumbre comunitaria con los presupuestos, a Torres y Román Rodríguez se le une el varapalo del enfriamiento económico en sus socios comerciales como Alemania y Reino Unido, con especial relevancia en el negocio turístico tras la quiebra de Thomas Cook o el incremento de las tarifas aéreas desde los mercados germanos en un 76% para combatir el cambio climático.
El Gobierno regional «sabe que se han caído los ingresos» que diseñó Fernando Clavijo, «y ahora nos toca a nosotros recomponer la falta de previsión» del anterior Ejecutivo, según fuentes gubernamentales.
Clavijo y la ex consejera de Hacienda, Rosa Dávila, planificaron un crecimiento económico superior al 2% pero la realidad del segundo semestre determinará que el PIB se queda por debajo de ese techo y que, a partir de 2020, acentuará su caída.
Para Torres y Rodríguez, la fórmula prevista por sus viceconsejeros (Antonio Olivera y Fermín Delgado) obliga a revisar al alza algunos tipos de la imposición indirecta, sobre todo, el IGIC.
Los presupuestos se moverán en unos 8.700 millones de euros pero las restricciones de gasto obligan a fijar un umbral de 8.066 millones de manera que la diferencia se iría a otros conceptos como amortizaciones de la deuda.
Tramos de la actividad energética (se excluyen los consumos domésticos) o automóviles serán gravados de forma significativa y otros como los perfumes, de gran tirón entre los turistas, sufrirán las mismas consecuencias, al pasar del 13,5% al 15%.
En el borrador de presupuestos comunicado de forma verbal (no por escrito) al consejo asesor del presidente, se anunció que los ingresos por IPRF y por IGIC alcanzarían los 3.000 millones de euros, siempre eso sí que la economía no intensifique su caída por la subida del barril de petróleo, la inestabilidad en Oriente Próximo o un aumento repentino de la guerra comercial entre Estados Unidos, China, Rusia y la UE.
El Ejecutivo está trabajando en un anteproyecto de Ley de Presupuestos que da respuesta al cumplimiento de su agenda social.
Torres indicó que entre las partidas que aumentan están las de Sanidad, Educación, Vivienda o la de la Prestación Canaria de Inserción (PCI).
El presidente apuntó que se logrará “gracias a la reordenación del gasto y las decisiones que se están tomando en cuanto a la política de ingresos”.
La flexibilización de la partida anual del Fdcan (Fondo de Desarrollo de Canarias), según Torres, permitirá disponer de 80 millones de euros más para gasto social, “sin que eso suponga que cabildos y ayuntamientos pierdan dinero”.
La presidenta del Partido Popular de Canarias, Australia Navarro, anunció que su partido promoverá, tanto en la Federación Canaria de Municipios (Fecam) como en la Federación Canaria de Islas (Fecai), sendas declaraciones de rechazo a la subida de impuestos que planea el Gobierno autonómico, así como a reducir las aportaciones a cabildos y ayuntamientos del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), y a modificar el actual reparto con las entidades locales de la recaudación del IGIC.
Gobierno y oposición han obviado, por otra parte, abordar de forma conjunta o por separado otro de los desafíos que, según los sindicatos, acusará la prosperidad canaria: el paro.
La previsión de empleo para 2020 será «peor» que en los años precedentes. UGT y CCOO trabajan con un plan de acción para contener el aumento de los demandantes a partir de diciembre.
