Cárcel para Zerolo, Plasencia e Ignacio González, 3 de las personas más influyentes de la economía y la política de la sociedad tinerfeña.
Miguel Zerolo, ex alcalde de Tenerife, y los 2 empresarios ingresarán en prisión con condenas por la venta fraudulenta de varias parcelas en la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, tal y como confirma el Tribunal Supremo.
La Audiencia Provincial de Tenerife condena al ex alcalde de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, al ex concejal delegado de Urbanismo, Manuel Parejo, al ex secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo, Juan Víctor Reyes, y al ex gerente de Urbanismo José Tomás Martín González así como a los dos propietarios vendedores de un terreno en la zona de Las Teresitas de Tenerife al Ayuntamiento de esta localidad por importe de 8.750 millones de pesetas (52,5 millones de euros), cuando el precio de tasación de los mismos era muy inferior, según se desprende de informes periciales que fueron valorados por el Tribunal, elevándose, en consecuencia, el precio de tasación, y en perjuicio del Ayuntamiento, informa el TSJ en un comunicado.
El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas de 7 años de prisión a los dos primeros, cuatro años y 6 meses de prisión al tercero, cuatro años de prisión al cuarto, y a pena de cinco años y tres meses de prisión a los particulares, Antonio Plasencia e Ignacio González Martín, por un delito de malversación de caudales públicos, al disponerse del patrimonio del Ayuntamiento para la adquisición de unos terrenos por un precio muy superior al que tenía en realidad, así como a penas de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa a los intervinientes en la operación citados.
Se confirma así la connivencia y cooperación de los intervinientes en la alteración del precio de los terrenos adquiridos para su venta al Ayuntamiento, alterando el precio del valor real de los mismos, con perjuicio a las arcas municipales, y mediante las operaciones llevadas a cabo, que, además, de quedar incursas en delito de malversación, con la agravante de la notoria gravedad de los hechos por el perjuicio causado al Ayuntamiento es constitutivo de prevaricación por las resoluciones dictadas a sabiendas de su injusticia para conseguir el fin pretendido. El gasto que suponía la compra de las parcelas del frente de playa por 8.750 millones de pesetas hizo necesario aprobar una modificación y ampliación del presupuesto municipal para hacer frente a la compra de los terrenos.
