La Audiencia de Cuentas de Canarias pretende sacar los colores al Gobierno de Fernando Clavijo (CC) en la gestión de los fondos europeos (unos 3.000 millones de euros), pero en su empeño también deja en evidencia el mandato de Ángel Víctor Torres (PSOE). Ambos presidentes han permitido la pérdida de 1.225 millones de euros concedidos por Brusela, según la entidad fiscalizadora que preside el nacionalista Pedro Pacheco. Ni uno ni otro han arreglado el lastre endémico de la administración: la contratación de temporales por afinidad familiar, amistosa o política sin cualificación. El grueso de este personal que entra sin concurso público, ni méritos ni concurrencia acaba después como fijo-interino, dando pábulo al enchufismo cuando se refiere «a plantillas provisionales» acogidas a la propia financiación comunitaria.
Según la Audiencia de Cuentas, los planes europeos de inversión (llamados PI), «no están adecuadamente planificados, tardan hasta 72 meses en contratarse su ejecución (seis años). En algunos casos por inmadurez de los propios PI, y en otros porque los centros gestores carecen de unidades de contratación estables y cualificadas». Según el documento públicas, las Islas cuentan con una dispersión administrativa inaudita, con 67 unidades gestoras.
El técnico autor del documento, que respalda con su firma Pedro Pacheco, inicia sus conclusiones poniendo en valor la ejecución presupuestaria del Gobierno de Torres, que logró pasar de un 37% de ejecución al final del mandato de Clavijo, a un 59%. Así y todo, fue el Ejecutivo del hoy ministro socialista el que «dejó de gastar» unos 1.300 millones de euros, donde el consejero de Hacienda (principal responsable político) era Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, un partido ahora en proceso de escisión.
A continuación se publican las conclusiones íntegras del informe de la Audiencia de Cuentas sobre la fiscalización de las inversiones del Gobierno de Canarias. El documento, disponible en la web corporativa de la Audiencia está firmado por el presidente, Pedro Pacheco, de Coalición Canaria, y ex alto cargo de la Comunidad autónomo como como viceconsejero de Economía con Adán Martín (q.e.p.d.).
1. El grado de ejecución (obligaciones reconocidas/crédito definitivo) del capítulo VI de Inversiones reales de la Administración Pública de la CAC (APCAC) ha pasado del 36,72 % en el año 2019 al 58,53 % en 2023.
«2. En el periodo 2019-2023 la Administración regional ha dejado de gastar en el capítulo VI la cantidad de 1.225,7 millones de euros.
«3. Se presupuestan PI (Proyectos de Inversión) sin la madurez necesaria para asegurar su ejecución en tiempo y forma. La elaboración del presupuesto de gastos del capítulo VI está muy condicionada por las previsiones de ingresos de fondos finalistas que, generalmente, se conforman como proyectos con financiación afectada. Ello obliga a presupuestar PI, aunque no están adecuadamente planificados, porque ha de cubrirse en gastos la totalidad de la previsión de ingresos de los diferentes fondos. El porcentaje de financiación del capítulo VI con recursos no propios, ha oscilado entre el 70% y 60% del total.
«4. Los Instrumentos de Planificación Estratégica (IPE) no definen, con el nivel de detalle apropiado, los PI en los que se concretan las acciones programadas. En los casos analizados, los IPE han servido para justificar ampliaciones de plantillas, mediante la creación de las Unidades Administrativas Provisionales (UAP).
«5. Existen varios PI presupuestados todos los ejercicios del periodo analizado (2019- 2023) que al cierre de dichos años el importe de obligaciones reconocidas es igual a cero euros.
«6. Los PI que no están adecuadamente planificados tardan hasta 72 meses en contratarse su ejecución. En algunos casos por inmadurez de los propios PI, y en otros porque los centros gestores carecen de unidades de contratación estables y cualificadas.
«7. En la APCAC existen una gran dispersión de unidades gestoras de contratos (analizando las Relaciones de Puestos de Trabajo RPT) se han identificado 47, con una media de dos técnicos por unidad. Según la IGCAC el aplicativo GECE (Gestor de Expedientes de Contratación Electrónica) se han identificado 67 unidades gestoras. Esta dispersión no facilita la eficacia en el desarrollo de los procesos de contratación.
«8. La Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático cuenta (febrero 2025) con unos recursos humanos muy escasos (tres funcionarios: un jefe de servicio y dos técnicos; seis laborales y el personal que contrata a través de encargos a GESPLAN, ello demora en exceso la elaboración de la Declaración Ambiental.
«9. Las tres causas, más destacadas, de retrasos de la ejecución presupuestaria del capítulo VI, señaladas por los empleados públicos de la CAC que contestaron al cuestionario de esta fiscalización son:
a. Retrasos motivados por trámites necesarios de coordinación y consultas con otros organismos.
b. La ausencia de un servicio de contratación o su escasa dotación de medios personales y/o reducida estabilidad de su personal.
c. El procedimiento interno de la Administración en relación con la modificación de los proyectos en ejecución es extremadamente lento, realizándose algunos trámites que no son estrictamente necesarios».
