Canarias revalida en el Tribunal Supremo el derecho a que el Estado acate y cumpla los convenios contemplados en las leyes del Régimen Económico y Fiscal (REF), como los acuerdos de carreteras que supusieron un grave revés para la economía de las Islas.
Una sentencia del Supremo conocida este lunes da la razón al Gobierno regional cuando interpuso, en 2012, los primeros recursos contra la decisión de la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, quien por decisión propia recortó la cuantía de los convenios de carretera acordados entre las administraciones canaria y estatal.
Fomento recortó las inversiones en las carreteras durante los años de la crisis, al reconocer a favor de las islas una deuda de 138 millones de euros solo en 2012, según la sentencia.
Como comunidad insular, Canarias no tiene carreteras que se prolonguen más allá del territorio de su región, de modo que, en teoría, carece de infraestructuras viarias de «interés general» y las inversiones del Estado en esta materia en el Archipiélago se regulan desde la entrada en vigor del REF en 1994, mediante convenios plurianuales.
De acuerdo con el convenio firmado con el Gobierno canario para el periodo 2006-2017, el Ministerio de Fomento debió destinar a inversiones en carreteras 207 millones de euros (183 millones en obras y 24 millones en expropiaciones) en 2012, pero los Presupuestos Generales del Estado de ese año solo consignaron la tercera parte: 68,54 millones.
Para aplicar el recorte, Ana Pastor mantuvo un criterio interpretativo al margen de lo estipulado en el convenio, que es lo que ahora tumba el Supremo.
El Gobierno central justificó su decisión en los recortes del gasto público para sanear las cuentas del Estado en plena recesión económica (27.000 millones de euros en 2012) y siguió reduciendo las cantidades pactadas con Canarias durante toda la legislatura.
De esta manera, el Supremo no solo siente un precedente jurídico con consecuencias políticas, sino que abre la puerta para que Canarias sea compensada en los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2017, con cuantías que podrían superar los 600 millones de euros.
La sentencia del TS dando la razón a Canarias por el incumplimiento del Estado con el #ConveniodeCarreteras en 2012 es un primer gran paso tras años de reivindicaciones. Seguiremos luchando para que el Gobierno de España liquide la deuda con las islas https://t.co/4QRppTvoqy
— Fernando Clavijo (@FClavijoBatlle) January 8, 2018
Fomento logró el aval de la Audiencia Nacional en el primero de los recursos presentados por el Gobierno canario por esos incumplimientos, el correspondiente a 2012.
En la sentencia, el Supremo corrige ahora este fallo y da la razón al archipiélago, que alegaba que sufrió un quebranto en su legítima confianza en un convenio cuyas cantidades se habían cumplido por parte del Estado hasta ese momento.
