Canarias reabre la gestión conjunta de los aeropuertos insulares con 10 años de retraso respecto a la primera intentona nacionalista. Coalición Canaria trata de participar en la gran tarta del tráfico aéreo de las Islas que en 2025 cerrará con el mayor registro de su historia con más de 56 millones de pasajeros, por encima incluso del Prat de Barcelona. El PP, de momento, ni rechista porque fue Mariano Rajoy quien vendió en 2015 la mitad del regulador Aena al capital privado extranjero por sólo 4.000 millones de euros. Hoy, Aena vale 38.000 millones de euros. Rajoy ofrece este sábado una conferencia en Foro Canarias.
El anuncio, lanzado a la desesperada por el presidente, Fernando Clavijo, se produce plena confrontación por las asignaciones de la financiación autonómica (casi 400 millones de euros menos que debería ingresar por cuota poblacional, el 5%), el Ejecutivo saca de la manga una de las cartas constitucionales abrigadas en su Estatuto de Autonomía que se escondieron de forma sistemática durante el primer gobierno de Fernando Clavijo (CC) y, después, de Ángel Víctor Torres (PSOE).
Desde que el Estado español privatizó hace una década el 49% de Aena a 58 euros la acción (hoy vale en torno a 240 euros equivalente a los 25 euros del split bursátil), a fondos de inversión internacionales con sede en Nueva York, Londres y Melbourne, Canarias adquirió el derecho a cogestionar los 8 aeropuertos isleños, de los que al menos cinco dan beneficio constante, con 5 millones de pasajero mensuales.
Entre los años 2014 y 2015, el Gobierno de Paulino Rivero, con el consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, abrieron uno de los frentes más incisivos contra la Administración central en materia de financiación, tanto en carreteras como en el REF y en los aeropuertos. Los expedientes quedaron en punto muerto a través de la ex vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que forzó la maquinaria de presión política de los ejecutivos de Aena sobre los diputados y diputadas de las Islas en el Congreso.
Aena prometió planes de inversión milmillonarios que quedaron muy por debajo de las expectativas, siempre que el Gobierno no acudiera al Tribunal Constitucional reparando la cogestión de los aeropuertos. Es más, cuando entró el PSOE en 2018, tampoco se cumplieron los acuerdos y Aena continuó en manos del Estado y de fondos extranjeros hasta el punto que no han admitido a Canarias ni en el consejo de administración. De momento, el plan del Gobierno para la gestión compartida carece de documentación oficial.
Siempre quedará el Posei agrícola
Por otro lado, donde sí hay más acción (por el tirón electoral), es el capítulo agrícola de la fruta de exportación. El Consejo de Gobierno elevará el Parlamento de Canarias los objetivos y prioridades que considera imprescindibles incluir en el marco financiero plurianual europeo 2028-2034 para mantener el estatus de Región Ultraperiférica junto a la Guayana francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte, Reunión, San Martin, Azores y Madeira.
En la propuesta financiera de la Comisión Europea no se garantiza el mantenimiento del acervo RUP ni se ofrece salvaguardas suficientes para asegurar que, las medidas específicas reconocidas hasta ahora a las regiones ultraperiféricas, se definan por parte de la Unión Europea en su conjunto, sino que dependerían de las prioridades que se establezcan a nivel nacional y de la negociación bilateral entre el Estado miembro y la Comisión Europea, lo que no respeta adecuadamente el mandato del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento
Para el Gobierno, la defensa del estatus RUP y el apoyo a esta estrategia debe darse desde la unidad de todas las instituciones. Ignorar las limitaciones estructurales de las RUP debilitaría uno de los pilares del proyecto europeo y como ya comentó el presidente Fernando Clavijo, “supondría la expulsión de facto de estos territorios de la UE”.
Por ello, el Ejecutivo plantea en este documento duplicar la dotación financiera del Posei con objetivo de tener en cuenta el incremento de costes y la falta de adecuación de la ficha desde hace casi dos décadas, lo que supondrían 3.752 millones de euros
Incrementar la partida que compensa los incrementos de los sobrecostes producidos en el sector pesquero de 88 millones de euros a 101 millones de euros.
Se solicita que en la política de cohesión a través del Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que la cantidad destinada por habitante aumente, teniendo en cuenta los datos de población actualizados, que se cuantificarían en, al menos, 773 millones de euros.
Que las adaptaciones normativas relativas a la cofinanciación, la concentración temática, la elegibilidad de inversiones y la posibilidad de financiar determinados gastos de funcionamiento indispensables para la prestación de servicios públicos en un contexto ultraperiférico deben mantenerse expresamente en la normativa europea y no quedar al albur de la programación de los estados.
Que el nuevo marco financiero, que se orienta a la consecución de hitos y objetivos, incorpore mecanismos de flexibilidad que permitan acomodar instrumentos cuya finalidad principal sea la compensación de sobrecostes estructurales.
Propone mejorar las disposiciones específicas relativas a la RUP incluidas en la propuesta de Reglamento sobre los Planes de Colaboración Nacional y Regional
Reiteramos además la necesidad de una mayor atención a la realidad migratoria de las regiones ultraperiféricas particularmente en lo que respeta a Canarias, como frontera sur, y reforzar la dimensión ultraperiférica de la acción exterior de la Unión y de los programas de cooperación territorial.
