La empresa a la que favoreció el Ministerio de Fomento, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, y a la que el Servicio Canario de Salud autorizó bajo la dirección de Antonio Olivera (PSOE) un contrato de 4,7 millones de euros para la compra de mascarillas, fue sancionada hasta en seis ocasiones por Hacienda. A priori, Fomento y el Gobierno de Canarias no observaron las actas previas del fisco.
Segun Eleconomista.es, la sociedad consiguió los contratos de material sanitario al inicio de la pandemia en 2020 justo un año después de que la Agencia Tributaria la impusiera hasta cuatro multas por el impago de impuestos desde el año 2012. Según consta en sus últimas cuentas, la firma se vió obligada a hacer una provisión de 707.855 euros con los que poder afrontar los litigios fiscales en marcha, siendo sancionada posteriormente hasta en otras dos ocasiones más.
La compañía central de la trama Koldo consiguió contratos de los ministerios de Transportes y de Interior, en concreto, por un valor de 40,2 millones de euros, a los que hay que sumar además las compras de Canarias y Baleares, ambas gobernadas en ese momento por el PSOE, por 13 millones más.
El 26 de febrero de 2019 Hacienda notificó a la sociedaduna sanción por importe de 128.240 euros en relación con el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2012 de una ute denominada Cueto Soluciones, en la que la empresa mantenía una participación del 20%.
Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, con sede en Zaragoza, presentó un recurso ante el Tribunal Económico Administrativo, que terminó, sin embargo, dando la razón a la Agencia Tributaria.
El 17 de abril de 2019 la compañía aceptó asimismo firmar en conformidad el pago de otras dos sanciones por 46.000 euros y una más, que acató en disconformidad, por 92.345 euros adicionales. También tuvo que afrontar así tres sanciones por un importe total de 138.855 euros, a los que había que sumar una cuota pendiente de 371.300 euros e intereses por otros 64.800 euros.
Los contratos adjudicados fueron sin embargo cuestionados en un informe posterior, en diciembre de 2023, por el Tribunal de Cuentas.
Ante las múltiples anomalía detectadas, el ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, alegó ante el organismo fiscalizador que todo se había hecho desde «la más estricta legalidad».
Por otro lado, el exministro de Sanidad, otorgó a dedo durante la etapa de Ábalos y Koldo García en Fomento, contratos por valor de 3.000 millones de euros. La investigación abierta en la Audiencia Nacional amenaza investiga posibles cobros de comsiones durante el Covid.
Asimismo, el ex presidente de Canarias y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torre, es partidario de que «caiga todo el peso de la ley» sobre los responsables.
La Audiencia de Cuentas de Canarias cifró en 35 los contratos presuntamente irregulares de las Islas con empresas suministradoras de equipamientos de protección sanitarias.
