Las Comisiones Territoriales de Precios de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife desaparecen de la Comunidad autónoma de Canarias, en función de los cambios introducidos en la legislación básica.
El Gobierno de Fernando Clavijo trata de reducir la carga burocrática de las actividades económicas encargadas de supervisar la aplicación de tarifas o precios en sectores estratégicos como el agua o el transporte.
Las comisiones de precios se encargaban de tramitar y resolver la implantación o modificación de cánones sobre bienes y servicios sujetos a régimen de autorización o comunicación previa. Fueron creadas mediante el Decreto 78/1984, dando especial relevancia a los ayuntamientos.
Desde la Consejería de Economía y Comercio que dirige Manuel Domínguez, se aclara que la potestad recae única y exclusivamente en los ayuntamientos, que son las instituciones públicas «a las que corresponde la potestad sin menoscabo del trámite preceptivo que pudiera consignarse al Gobierno».
La Consejería ha concluido, previo informe jurídico, que la comisión de precios deja de operar. La decisión de subidas de precios en el agua, por ejemplo, «han de ser asumidas en toda su dimensión por las corporaciones municipales», tal y como viene contemplando la normativa.
Tanto las organizaciones empresariales como sindicales venían participando en estas comisiones como órgano interlocutor con las administraciones. «Los ayuntamientos son mayores, donde la Comunidad autónoma se limita a respetar los acuerdos plenarios municipales, dejando así cualquier riesgo de sesgo paternalista».
