Bankia, la banca pública española que preside José Ignacio Goirigolzarri, pierde un tercio de su valor (el 33%) respecto al precio al que hace un año colocó su último paquete de acciones entre inversores institucionales.
El 12 de diciembre de 2017 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), controlado por el Estado, enajenó un 7% del capital por 818,3 millones de euros. El precio acordado fue de 4,06 euros por acción.
Bankia es propiedad de los contribuyentes españoles en un 62% mientras que el resto está privatizado.
Bankia fue el resultado en 2010 de la fusión de 7 cajas de ahorros, entre las que figuraba La Caja Insular de Ahorros de Canarias.
En 2011, Bankia salió a bolsa pero su emisión fue un fracaso hasta el punto de que el Estado la intervino con 24.000 millones de euros.
El 7% transferido a socios institucionales tiene su origen en un 43% por inversores del Reino Unido, el 40% de Estados Unidos, el 2% de España, el 11% del resto de Europa y el 4% del resto del mundo.
En noviembre de 2018 comenzó el juicio en la Audiencia Nacional contra más de 30 miembros del consejo de administración de Bankia, entre los que se encuentra el ex presidente, Rodrigo Rato.
La cotización de Bankia no ha dejado de perder valor. Este jueves 6 de diciembre, Bankia valía en Bolsa 8.351 millones de euros. Es decir, que en lo que va de año se volatilizaron 3.128 millones de euros. La cifra crece hasta los 5.907 millones respecto al cierre del año 2014.
El nuevo desplome de Bankia, sólo superado este jueves por la caída del 4,38% de CaixaBank, complica aún más cualquier expectativa de venta de las acciones en manos del Estado.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, cree que la privatización del banco no sea a través de la venta de paquetes de títulos en Bolsa. Este miércoles aseguró que «no es lo mismo vender un 7% que el control sobre Bankia«, abriendo la puerta a la posibilidad de que el Estado pueda aceptar una oferta atractiva por el 62% que aún está en manos del Estado.
El equipo de Goirigolzarri se opone a esta fórmula que llega cuando Podemos es partidario de recuperar el capital privatizado y fusionar la entidad con el Instituto de Crédito (ICO).
